Avanzar en las causas por corrupción. El mensaje se lo bajó la mismísima Corte Suprema de Justicia a los jueces federales a mediados de año, en la previa de la feria de invierno. Y respondió a un reclamo general de buena parte de la sociedad, que según se desprende de las encuestas, exige que los funcionarios corruptos vayan presos, pero también a una premisa del gobierno de Mauricio Macri, que se fijó desde su asunción acelerar los procesos judiciales contra quienes fueron parte del peor rasgo kirchnerista. Los que, entienden en Presidencia, vaciaron las arcas del Estado.

Septiembre comenzó con el pedido de indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner en la causa que investiga la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta por presunto encubrimiento a Irán en el atentado a la AMIA. Y terminó con el inicio del juicio por la Tragedia de Once a Julio De Vido, el todopoderoso ex ministro de Planificación que enfrenta cinco procesamientos en su contra y que, por ahora con fueros y sin condenas, elude ir tras las rejas como sus ex laderos José López y Ricardo Jaime, o su contratista más beneficiado, Lázaro Báez.

Octubre empezó ayer, pero en Comodoro Py tendrá su inauguración formal mañana, cuando el ex vicepresidente Amado Boudou comience a desfilar por su participación en la causa Ciccone, un expediente que tuvo su bautismo hace cinco años, por el que pasaron dos jueces y dos fiscales distintos, que derivó en la renuncia de un procurador general de la Nación, y que marcó el principio del fin del kirchnerismo como Gobierno.

Boudou viene de ser absuelto en un juicio por irregularidades en la compra de un auto, pero difícilmente pueda evitar una condena en este caso en el que se lo acusa de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.

En medio de un mes mes de superacción, casi inadvertidos en comparación con la relevancia política de los tres personajes anteriores, la Cámara de Apelaciones jujeña revocó la prisión domiciliaria de Milagro Sala, que deberá volver a Alto Comedero, y tras nueve años de un expediente dormido, que sólo despertó López revoleando bolsos con u$s 9 millones por encima de un convento, el juez Daniel Rafecas decidió elevar a juicio la causa por enriquecimiento ilícito en contra del ex secretario de Obras Públicas.

"No esperen fallos de la Corte en la previa de una elección", se escucha en Tribunales, y resaltan que las indagatorias por Hotesur a Cristina y sus hijos Máximo y Florencia se llevarán a cabo recién en la primera quincena de noviembre.

Sin embargo, a 20 días de las legislativas que pueden terminar de configurar un cambio de era político en el país, no es el máximo tribunal el que marca el ritmo, sino la justicia federal, con una avalancha de fallos contra ex funcionarios de un mismo signo partidario que sí parecen ir acompañados, de modo solapado, de una intencionalidad electoral.