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La presión judicial sobre la Argentina desde el exterior, en el caso del Cupón PBI, dio un nuevo paso. Un tribunal de Londres emitió una orden que obliga al país a divulgar, en un plazo de siete días, información sensible sobre sus activos internacionales.
El pedido, que fue anticipado por Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, en su cuenta de X, incluye cuentas bancarias en todo el mundo, deudas que terceros mantienen con el país y contratos firmados con empresas petroleras, energéticas y de exploración offshore con contrapartes extranjeras.
Se trata de una medida de discovery, el mecanismo judicial anglosajón de descubrimiento de pruebas y activos que los acreedores utilizan para rastrear bienes con los cuales ejecutar una sentencia.
La orden, que surge en el marco del proceso de ejecución del fallo dictado en el caso conocido como Cupón PBI en euros, establece con precisión lo que la República Argentina deberá entregar a los demandantes.
En concreto, exige una lista de las cuentas bancarias extranjeras, cuentas de corretaje, fiduciarias, de custodia y de otras instituciones financieras mantenidas por el Estado, tanto en todo el mundo al 8 de julio de 2024 como específicamente en los Estados Unidos al 7 de febrero de 2025.
También requiere una nómina de las deudas superiores al millón de dólares que terceros extranjeros tengan con la Argentina al 30 de septiembre de 2024, y los contratos vinculados a concesiones de perforación offshore, energéticas y de exploración firmados entre el Estado y contrapartes extranjeras o sus filiales argentinas a esa misma fecha.
La gravedad de la medida no puede leerse en abstracto: es el resultado de años de litigio que la Argentina perdió en todas las instancias disponibles en el Reino Unido y que el gobierno de Javier Milei aún no terminó de resolver.
Estadísticas manipuladas y miles de millones en juego
Los Valores Negociables Vinculados al PBI son instrumentos que pusiero en marcha en 2005 el entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, y el secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, emitidos en distintas monedas como parte del canje de deuda de ese año. Fueron apodados “cupones PBI” y determinaban pagos a los bonistas cuando el crecimiento económico del año superaba ciertos umbrales.
A partir de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, comenzó un conflicto en torno a los pagos debido a que los datos del PBI publicados por el INDEC comenzaron a ser manipulados, lo que desvirtuó el sentido de los cupones. En el último trimestre de 2013, se cambió la fórmula de cálculo del PBI y el crecimiento anual de ese entonces cerró en 3,2%, un 0,1% por debajo del 3,3% que obligaba al pago. Así, ya no hubo nuevos desembolsos por ese concepto.
Los demandantes en la Justicia británica son los fondos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Virtual Emerald International Limited y Hirsh Group LLC, todos radicados en paraísos fiscales: los primeros tres en Islas Caimán y Hirsh Group en Delaware, Estados Unidos. Poseen aproximadamente el 48% de los valores vinculados al euro emitidos por el país en 2005 y 2010.
La Argentina fue acusada de perjudicar a los inversores cuando modificó la manera de calcular el producto bruto interno (PBI), lo que derivó en que se pagaran menos intereses de deuda en 2013.
El Tribunal Superior de Londres ordenó a la Argentina pagar 643 millones de euros más intereses, sumando un total potencial de 1330 millones de euros.
Luego de agotar todas las instancias de apelación disponibles, la Corte Suprema del Reino Unido rechazó el permiso para apelar el fallo que obliga a indemnizar a los inversores, y los beneficiarios ejecutaron una garantía por 313 millones de euros que Argentina había depositado en marzo mediante una carta de crédito emitida por el Santander.