Con el reloj de las sesiones ordinarias entrando en su cuarto de hora final, la Mesa Política definirá en los próximos días una estrategia para ir despejando el camino de cara al 30 de noviembre y asegurarse que las expectativas sobre la gestión Milei lleguen sólidas antes de que comience el año electoral. Hay en el tintero una larga lista de reformas que ejercen presión comenzando por la necesidad oficialista de suspender las PASO.
Este martes, los integrantes del núcleo político del Gobierno se volvieron a reunir por más de dos horas en Balcarce 50 con el objetivo de ordenar esa agenda. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó el encuentro pasadas las 13 tras definir que permanecería en Buenos Aires en vez de viajar con su hermano a España para seguir de cerca la negociación legislativa.
El presidente de Diputados, Martín Menem, subió una selfie sonriente del equipo político en redes apenas comenzó el encuentro, el primer retrato nuevo en meses.
Un eje transversal en el encuentro pasó por resolver cómo encarar las prestaciones por Discapacidad en 2027, ya que el oficialismo buscará mañana ir a una sesión para aprobar un dictamen de mayoría que acordó con aliados pero que no tuvo consenso interno aún sobre cómo articular ese acuerdo en el Presupuesto.
El encuentro además coincidió con una nueva suba del riesgo país, que llegó a 710 puntos. Tal como contó El Cronista, el índice que elabora JP Morgan subió 35 unidades en la rueda, un alza del 5,19%, y los analistas consultados por este medio coincidieron en que el movimiento no refleja un deterioro de las variables de la economía sino que lo que sube es la prima por incertidumbre y no el riesgo de pago.
Ante un escenario donde el mercado empezó a ponderar más la actividad, la confianza y la agenda legislativa del oficialismo, el ministro de Economía, Luis Caputo, asoma con un rol fundamental dentro de la Mesa Política tanto por su insistencia sobre acordar con gobernadores de cara al 2027 como también para destrabar la billetera en base a los acuerdos que LLA cierra luego con los sectores aliados.
Inmediatamente después de la reunión de la Mesa Política, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, reunió a los diputados del PRO, Cristian Ritondo y Fernando De Andreis, para otro encuentro de aliados junto con Martín Menem y el subsecretario Eduardo “Lule” Menem, donde también se conversó sobre la agenda del Gobierno en el Congreso.
Se trata de la mesa que ordenó Karina Milei tras una llamada con el expresidente Mauricio Macri y que, si bien habían acordado reunirse cada 15 días, hace un mes que no hablan podido coordinar encuentro.
“Durante la reunión se conversó sobre los principales proyectos de la agenda parlamentaria que impulsa el Gobierno, como el Presupuesto 2027, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la ley de biocombustibles y la Reforma Electoral”, informaron desde el partido amarillo. Sobre el tema de biocombustibles, Ritondo hizo foco en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires, mientras que en la eliminación de las PASO, los diputados aseguraron que respaldarían la iniciativa de conseguir el respaldo que falta el Senado.
La reunión comenzó atrasada, dado que la Mesa Política se extendió más de lo esperado, y los legisladores debieron correr hacia el Congreso para una reunión de jefes de bloque de cara a la sesión de este miércoles.
El frente de Discapacidad
Será mañana a partir de las 12 cuando se someterá a votación el dictamen de mayoría sobre Discapacidad negociado por la diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, con aval de Martín Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
El objetivo era evitar que la oposición impusiera una nueva prórroga de la emergencia: el texto crea, en cambio, un régimen permanente que fija la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y la hace compatible con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos. También sostiene el nomenclador de prestaciones, a diferencia de lo que había planteado la Casa Rosada en el texto original -que, todavía, no tiene autor visible ya que nadie dentro del Gobierno se hizo cargo de esa propuesta-.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó a pedido del presidente de la comisión de Presupuesto, Alberto “Bertie” Benegas Lynch, el costo fiscal de esa propuesta. El informe calcula $598.912 millones para 2027, el 0,04% del PBI, con unas 16.800 altas mensuales de pensiones.
Desde 2028, con el padrón completo de unos 200.000 nuevos titulares, el costo asciende a $1,2 billones anuales. La OPC también cuantificó en $278.323 millones la compensación pendiente a los prestadores por la inflación de 2024, aunque aclaró que es una deuda ya existente y no un gasto nuevo.
La diferencia quedó expuesta en la comisión de Presupuesto. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, defendió allí el proyecto de Presupuesto 2027. “Desde el Ejecutivo hubiéramos querido otra cosa”, reconoció en la comisión. No obstante, aseguró que la partida está financiada al 100% para cualquier alternativa que apruebe el Congreso, y que alcanzaría incluso si se duplicara la cantidad de pensiones.
Los aliados que firmaron en disidencia todavía reclaman precisiones. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad encabeza un grupo con una condición: piden que el costo de implementación quede reflejado en el texto y en el Presupuesto 2027. También exigen la actualización mensual de las prestaciones por inflación. Ninguno de los dos puntos está resuelto en el dictamen y de eso dependerá la sesión del miércoles.
La sesión incluye además la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el proyecto de endeudamiento familiar.
Cuello de botella
Hay otros temas pendientes que todavía faltan pulir y los próximos días serán decisivos: el oficialismo ya piensa en una nueva sesión para la semana próxima con dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado: uno de ellos es la reforma de la Carta Orgánica del BCRA.
La Cámara baja la aprobó el 26 de agosto y el Senado la modificó el 24 de septiembre. El cambio central está en el artículo 3, que fija en 37 votos del Senado la mayoría para designar y remover a los directores, en lugar de los dos tercios de ambas cámaras del texto original. Esa modificación se votó por 66 a 2 con el aporte de Unión por la Patria.
El segundo proyecto pendiente es el nuevo régimen de biocombustibles. Eleva el corte de bioetanol del 12% al 15% y el de biodiésel del 7,5% al 10%, y es un reclamo de los aliados de Córdoba y Santa Fe.
El oficialismo pretende además sumar a esa sesión el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculado a Malvinas, que fija sanciones a las petroleras que operan en el archipiélago.
Este martes se suspendió el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores que iba a tratarlo con la idea de llevarlo a la sesión de mañana. La postergación coincidió con el pedido de la administración de Donald Trump ante la ONU para disolver el Comité Especial de Descolonización, el ámbito donde la Argentina sostiene su reclamo. El vocero presidencial Adrián Ravier se limitó a decir que el tema “está en análisis” mientras que en Diputados buscarán sellar el dictamen la próxima semana, con modificaciones a pedidos de aliados.
Por su parte en el Senado también hubo otra postergación y la sesión prevista para este jueves 22 pasó al próximo 29 de octubre con la idea de avanzar sobre el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), pliegos judiciales y la reforma de Salud Mental.
El PCT tiene dictamen, con una reserva sobre el capítulo II para proteger a la industria farmacéutica nacional, y es parte de los compromisos del acuerdo comercial con Estados Unidos, que todavía espera su momento oportuno para ser enviado al Congreso. Este ya quedó en condiciones de ser remitido después de que el canciller Pablo Quirno firmara el 14 de octubre, con el representante comercial Jamieson Greer, el protocolo adicional que lo habilita.
La reforma de la Ley de Salud Mental no llegó a tiempo con el dictamen y será otros de los temas prioritarios la semana que viene. Bullrich anunció un acuerdo con la UCR, el PRO, los bloques provinciales y el Consejo Federal de Salud (COFESA), pero la firma no se completó en los plazos para incluirla esta semana ya que deben esperar siete días desde el despacho de comisión para tratar todos los proyectos juntos, con el Mercado Voluntario de Carbono. Buscarán hacerlo el 29.
En la lista de pendientes del Gobierno quedan otros proyectos sin fecha de tratamiento. Tres de ellos fueron anunciados por Milei en la cadena nacional del 30 de julio y todavía no ingresaron al Congreso: el grillete fiscal o shutdown, la reforma del mercado de capitales, que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ya le presentó a la Mesa Política la semana pasada, y el tercero es la desregulación del mercado de seguros.
Reforma Electoral
El elefante en la habitación es la reforma electoral, el nudo más grande para destrabar antes de que termine el período ordinario. Algunos despachos de Casa Rosada incluso ya empiezan a agitar la posibilidad de resolverlo en extraordinarias, al menos como instrumento de presión para llegar a un acuerdo.
El proyecto ingresó por el Senado el 22 de abril. Además de eliminar las PASO, suprime el financiamiento público de las campañas y la publicidad gratuita en medios, y deroga la obligatoriedad del debate presidencial.
También reincorpora el casillero de lista completa en la Boleta Única de Papel, que los partidos provinciales resisten porque favorece el arrastre de las boletas nacionales, incluye un capítulo de Ficha Limpia y endurece los requisitos para el reconocimiento de partidos nacionales.
La discusión de fondo es por las PASO. Hoy la suspensión para 2027 aparece como la alternativa más viable dentro del Gobierno. En el mercado, la demora funciona como un termómetro del margen político del oficialismo. Los analistas consultados por El Cronista la mencionan como un ejemplo de su dificultad para aprobar proyectos propios.
Varios gobernadores condicionan su apoyo a que La Libertad Avanza no presente candidatos competitivos en sus distritos en 2027, mientras que el oficialismo espera que a partir de los votos por las PASO se definan las alianzas electorales. El plazo para dictaminar vence el 20 de noviembre y el Senado tiene previstas, de forma tentativa, sesiones el 19 y el 26.