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El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó hoy un duro cuestionamiento al fallo de la jueza estadounidense Loretta Preska, que ordenó a YPF entregar acciones a un fondo buitre como compensación por la expropiación de 2012. En una conferencia de prensa, el exministro de Economía defendió la estatización de la petrolera y acusó al presidente Javier Milei de "avalar la entrega" de recursos estratégicos.
"Privatizar YPF fue una verdadera desgracia para el país. Perdimos el autoabastecimiento energético por el mal desempeño de Repsol", afirmó Kicillof, y destacó que, tras la intervención estatal, "la producción de petróleo creció un 78% y la de gas un 18%". Subrayó que "sin la estatización no habría Vaca Muerta ni recuperación hidrocarburífera", y recordó que la expropiación se aprobó con amplio respaldo político en el Congreso.
El mandatario bonaerense calificó el fallo de Preska como "un disparate jurídico" que busca "hacer prevalecer el estatuto de una empresa privada sobre la Constitución Nacional". "Es peligroso que Milei le dé la razón a los demandantes. Pone en riesgo la defensa del interés nacional e incluso contradice a sus propios abogados del Estado", sostuvo.
Kicillof responsabilizó al Presidente de cualquier negociación con fondos buitre: "Milei siempre está a favor de la entrega y en contra de la soberanía, pero ahora es más grave porque está en juego YPF". Insistió en que el Gobierno debe apelar la sentencia y no ceder: "Lo que se impone es denunciar este ataque a la soberanía".
El gobernador ratificó la postura de su fuerza política: "Desde la provincia de Buenos Aires decimos: YPF no se vende ni se entrega". La conferencia reforzó su línea de choque con el oficialismo, en un debate que trasciende lo económico para instalarse en la disputa por el control de los recursos estratégicos.
Preska y el fallo
El fallo de la jueza Loretta Preska, que obliga a YPF a transferir acciones al fondo buitre Burford Capital, se enmarca en una larga disputa legal iniciada tras la expropiación del 51% de la petrolera en 2012. Como informó El Cronista, este es el segundo fallo adverso contra el Estado argentino en el caso, luego de que en 2022 otro tribunal de EE.UU. condenara al país a indemnizar a accionistas minoritarios por USD 16.000 millones. La sentencia actual, basada en el estatuto societario de YPF, argumenta que la empresa debió lanzar una oferta pública por las acciones restantes al momento de la estatización, algo que el gobierno de Cristina Fernández no realizó.
La defensa argentina sostuvo que la expropiación fue un acto soberano amparado por la Constitución y que el estatuto de YPF -redactado bajo la órbita de Repsol- no podía anteponerse a una decisión de interés público. Sin embargo, Preska desestimó ese argumento y falló a favor de Burford, un fondo especializado en litigios que adquirió los derechos de demanda de accionistas afectados.
La incertidumbre sobre el futuro de YPF generó conmoción en el oficialismo, donde algunos sectores plantearon la necesidad de acelerar un blindaje legal para la empresa. Según El Cronista, una de las medidas estudiadas es modificar el estatuto societario de la petrolera para eliminar cláusulas que puedan ser usadas en futuras demandas. No obstante, esta opción enfrenta resistencias dentro del gabinete, dado que podría interpretarse como un reconocimiento de responsabilidad en el conflicto con los fondos buitre.
Kicillof aprovechó su conferencia para recordar que, durante su gestión como ministro de Economía, el gobierno kirchnerista logró revertir la caída productiva heredada de la era Repsol. "En 2011 éramos deficitarios en energía; hoy la producción de petróleo creció 78% y la de gas 18%", remarcó. Sus declaraciones contrastan con la postura del presidente Milei, quien en el pasado criticó la estatización y sugirió que YPF debería ser privatizada.
El conflicto reavivó tensiones políticas, con el kirchnerismo denunciando un supuesto "plan de entrega" del gobierno nacional. Kicillof fue más allá al afirmar que Milei "prioriza a los fondos buitre sobre la soberanía energética". Mientras tanto, el mercado sigue de cerca el caso: las acciones de YPF cayeron 5% tras conocerse el fallo, reflejando el temor a que la empresa pierda control sobre sus activos estratégicos. Con una posible apelación en marcha, el litigio por YPF promete extenderse como otro capítulo en la batalla legal entre Argentina y los acreedores internacionales.