"Este Gobierno va a combatir la corrupción. Los bienes públicos pertenecen al conjunto de los ciudadanos, y es inaceptable que un funcionario se apropie de ellos en beneficio propio. Voy a ser implacable con todos aquellos que de cualquier partido o filiación política, sean propios o ajenos, dejen de cumplir lo que señala la ley. No habrá tolerancia con esa práctica abusiva". Cuando el presidente Mauricio Macri pronunció esa frase cambió el tono.

Fue un mensaje, a modo de advertencia, a quienes dejan sus cargos y a quienes los asumen. Desde su discurso inaugural, Macri dejó claro que no permitirá que funcionarios de su Gobierno sean señalados por hechos delictivos como lo fueron muchos de sus antecesores kirchneristas.


Sucedió algo similar cuando abogó por una "Justicia independiente" y adelantó que en su presidencia "no habrá jueces macristas" ni "militantes". "De ningún partido. A quienes quieran serlo les decimos claramente: no son bienvenidos si quieren pasar a ser instrumentos nuestros", resaltó el Presidente.


Las dos reflexiones de Macri sugieren un nuevo escenario judicial, pero también un intento de equilibrar un Poder que, desde el regreso de la democracia, ha tenido un indisimulable peso político. ¿Cómo hará el Presidente para aplicar mano dura sobre ex funcionarios corruptos sin influir en los jueces federales? Lo ideal es dejar que las causas transcurran sin la injerencia de operadores judiciales en Comodoro Py. En esa línea, Macri deberá alejarse de las sospechas sobre la relevancia que tiene en Comodoro Py Daniel Angelici, presidente de Boca y referente en la Justicia porteña durante sus dos mandatos. Fue Elisa Carrió, su compañera de coalición, la que instaló esas sospechas sobre Angelici.


No obstante, como el kirchnerismo lo hizo con los juicios por lesa humanidad, Macri podrá darle preponderancia en la agenda política a los procesos por corrupción. Y allí sí, por el espejo retrovisor, aparecerán las decenas de expedientes abiertos contra funcionarios "K" en los últimos años. Los múltiples procesamientos de Amado Boudou, encaminado a juicio por Ciccone y por la compra de un auto con documentación falsa, las condenas que hubo y las que pueden venir contra Ricardo Jaime y las denuncias por enriquecimiento ilícito contra la familia Kirchner en especial la causa que investiga irregularidades en la empresa Hotesur son ejemplos de ello.


Otro desafío para Macri será lidiar con funcionarios que se encuentran en las antípodas de sus ideas. El caso de Alejandra Gils Carbó es el más claro en ese sentido. La Procuradora está vista como un alfil del kirchnerismo en el Ministerio Público Fiscal, por su pertenencia a la agrupación oficialista Justicia Kirchnerista. Ella no lo niega, y resalta su independencia. Al acto en el Congreso, Presidencia ni siquiera la invitó, y desde el macrismo insisten en que la sacarán de su puesto a través de un DNU cuando la Constitución dicta que su cargo es vitalicio, mientras dure su buena conducta, y que sólo puede ser separada mediante un juicio político y con dos tercios de los votos de senadores y diputados.


La impronta que pretende trasladar Macri a la Justicia ya se advirtió en la designación de Germán Garavano como ministro, buscando darle un matiz más técnico a un área que el kirchnerismo había politizado en extremo, situando dirigentes de La Cámpora. Ese perfil de juez será el que Macri propondrá a la Corte Suprema para cubrir las dos vacantes que hay. Impolutos y sin pasado político.