Fuente: NA
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La crisis del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) escaló en las últimas semanas y se convirtió en uno de los principales focos de conflicto para el gobierno de Axel Kicillof.
A las reiteradas denuncias de afiliados por demoras en la atención, falta de prestaciones y dificultades para acceder a medicamentos, ahora se suma el creciente reclamo de intendentes bonaerenses y prestadores de salud, que advierten que la situación financiera de la obra social está comprometiendo el funcionamiento del sistema sanitario, especialmente en el interior de la provincia.
Uno de los cuestionamientos más fuertes apunta al atraso en los pagos que IOMA mantiene con hospitales municipales y clínicas privadas.
Según denunciaron distintos jefes comunales, la deuda acumulada y los aranceles desactualizados obligan a los municipios a absorber con recursos propios una parte cada vez mayor del costo de atender a los afiliados. La situación resulta especialmente crítica para los hospitales públicos, que no pueden interrumpir la atención de los pacientes pese a la falta de financiamiento.
El diputado provincial de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, sostuvo que el problema ya dejó de ser una cuestión administrativa para transformarse en una crisis estructural del sistema de salud bonaerense. Según explicó, incluso si IOMA cancelara hoy todas sus obligaciones, los valores que reconoce por las prestaciones continúan muy por debajo de los costos reales, generando un déficit permanente para los efectores sanitarios.
El malestar ya no se limita a los bloques opositores. En distintos municipios, incluso gobernados por dirigentes del oficialismo, existe preocupación por el impacto que la situación de IOMA tiene sobre las cuentas locales. La presión financiera obliga a destinar recursos municipales para sostener prestaciones que deberían ser cubiertas por la obra social provincial.
Mientras tanto, la oposición endureció su ofensiva en la Legislatura bonaerense. Senadores y diputados de distintos espacios presentaron pedidos de informes, proyectos para declarar la emergencia de IOMA, iniciativas para crear una comisión bicameral de fiscalización e incluso solicitudes de interpelación al presidente del organismo, Homero Giles, y al ministro de Salud, Nicolás Kreplak.
El objetivo es obtener explicaciones sobre la situación financiera de la entidad y conocer qué medidas prevé adoptar el Ejecutivo para revertir el deterioro.
A la crisis asistencial se agregan denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas, un factor que, de confirmarse, agravaría aún más el escenario. Desde la oposición sostienen que la combinación de problemas estructurales, atrasos en los pagos y sospechas sobre el manejo de los recursos configura una situación de extrema gravedad para una obra social que brinda cobertura a más de dos millones de bonaerenses.
En ese contexto, las críticas comienzan a concentrarse directamente sobre Axel Kicillof. Los cuestionamientos apuntan a la falta de respuestas concretas frente al deterioro de IOMA y a la ausencia de un plan de saneamiento que permita recuperar la confianza de afiliados, prestadores y municipios. Mientras los reclamos se multiplican y la Legislatura mantiene la presión política, el Gobierno provincial enfrenta el desafío de resolver una crisis que dejó de afectar únicamente a la obra social para convertirse en un problema que impacta sobre todo el sistema sanitario bonaerense.