En pleno debate por la vigencia de la ley de reforma laboral, el 2026 empezó con números en rojo, no sólo por la pérdida de empleo sino, además, con un salto en la litigiosidad que recae en las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y se encamina a marcar un nuevo récord.
El mercado laboral afronta un paradoja: aunque el número de beneficiarios del sistema formal cae desde fines de 2023 por e deterioro sostenido del empleo registrado, la conflictividad crece.
Entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se perdieron 290.123 puestos de trabajo en unidades productivas, lo que equivale a una caída cercana al 3%. Si se suman las trabajadoras de casas particulares, el retroceso supera los 317.000 empleos, en un contexto donde la formalidad ya venía debilitada, señaló un informe de CEPA en base a datos oficiales.
En ese mismo período desaparecieron 24.180 empleadores, es decir, unas 30 empresas menos por día. La caída golpea casi exclusivamente a firmas de hasta 500 trabajadores —el universo pyme—, que explican el 99,7% de los casos.
En paralelo a ese retroceso que marca una señal de advertencia para la economía, la dinámica del sistema de riesgos del trabajo genera otra alerta.
Solo en marzo se registraron 13.260 nuevas demandas contra las ART, y en el primer trimestre del año ya se acumulan 26.697 juicios. En los últimos doce meses, el total asciende a 135.000 casos, con un flujo superior a 11.000 demandas mensuales.
Si la tendencia se mantiene, 2026 cerraría con más de 138.000 juicios, superando incluso el pico de 2025.
El cruce de los datos que surgen de la información oficial exponen tensiones de fondo en el funcionamiento del sistema laboral y judicial.
Un sistema bajo presión
Desde el sector asegurador advierten que la raíz del problema es estructural. Señalan que gran parte de la litigiosidad responde a fallas en la implementación de la ley, en particular por la falta de cuerpos médicos forenses especializados en varias provincias.
“La causa estructural de la creciente litigiosidad reside en que la mayoría de las Cortes Supremas de las provincias aún no cumplió con lo que establece la Ley al no designar Cuerpos Médicos Forenses que se ocupen de las pericias ante casos de controversia", indicó la UART.
"Esta falta de designación o incumplimiento judicial permite que se mantenga la incertidumbre en la evaluación de las incapacidades, alimentando la industria del juicio".
Aunque la Provincia de Buenos Aires presentó una baja tras los altos niveles de febrero, registra un aumento de casi diez por ciento en comparación con marzo de 2025, reflejó el informe de UART.
A su vez, marcó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la jurisdicción con mayor aumento entre las cinco más pobladas del país tanto si se la compara con febrero (+26,2%) como contra marzo (+27,5%) del año pasado.
Asimismo, mientras Santa Fe sostiene su tendencia creciente (+16%), Mendoza y Córdoba continúan con su trayectoria descendente en términos interanuales.
Reformas en marcha y señales judiciales
En medio de este escenario, comenzaron a aparecer algunos movimientos para intentar ordenar el esquema.
En Santa Fe, la Corte provincial avanzó con la incorporación de peritos médicos forenses específicos para riesgos del trabajo, mientras que Mendoza anunció la ampliación de estos cuerpos dentro del Poder Judicial. Son pasos que apuntan a cerrar uno de los principales vacíos operativos del sistema.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, un fallo reciente de la Suprema Corte —el caso “Galarza”— buscó poner un límite a la discrecionalidad en la capitalización de intereses, una cuestión que venía generando indemnizaciones con fuertes disparidades y alimentando la litigiosidad.
A nivel nacional, el Congreso aprobó además la Ley de Modernización Laboral, que el Gobierno presenta como una herramienta para reducir la conflictividad y dar mayor previsibilidad. Sin embargo, su impacto real todavía está por verse.
La paradoja de fondo
El cruce de ambos procesos refleja que, pese a que el mercado laboral se achica, los juicios no se contraen.
La pérdida de puestos, el cierre de empresas y el avance de la informalidad tienden a tensionar las relaciones laborales y a trasladar conflictos al plano judicial. A eso se suma un sistema con reglas que aún muestran zonas grises y diferencias de interpretación.
Con un 2026 que podría marcar un nuevo récord de demandas, el desafío para el Gobierno de Javier Milei, será doble. Por un lado, recomponer el tejido productivo y el empleo formal. Por otro, avanzar en reformas que logren reducir la conflictividad sin erosionar derechos.