El Gobierno nacional buscará en sesiones extraordinarias anotar un mojón en la historia democrática reciente al tratar un proyecto de ley que pretende cambiar de manera radical el tratamiento de los delitos cometidos por menores de edad.
La iniciativa pretende avanzar en el reemplazo de un decreto-ley de la última dictadura militar que fija la edad de imputabilidad en los 18 años y que extiende un régimen penal especial para aquellos que tienen más de 16.
Por debajo de esas edades, en la actualidad, se los trata como “inimputables” y, ante la persistencia de casos cometidos por chicos, la administración libertaria buscará establecer un nuevo límite en los 14 años y, de contar con los votos suficientes, llevarlo a 13.
Se trata de un tema de alto voltaje político que ha suscitado diversos debates a lo largo de los últimos 40 años, siempre sin un resultado concreto.
Más allá de las voluntades que deberá conseguir la bancada oficialista para tratar y sancionar una nueva ley, entre los argumentos libertarios estará la comparación con diversos países de la región y lo “rezagada” que se encuentra la ley penal argentina.
La región
Mientras que en Argentina la Ley 22.278 fijó en 1980 los 16 años como límite para la acción de los jueces penales, en Brasil, a través del Estatuto del Niño de 1990, se rebajó a 12, el umbral más bajo entre los países limítrofes.
En Uruguay, en 2004, se establecieron los 13 años; en Chile, los 14 en 2005, y en Paraguay, 14 años desde 1997.
En Europa existen diversos estándares. El Reino Unido, apoyado en la Common Law, ha llegado a penalizar a chicos de 10 años. El caso más famoso ocurrió en 1993, cuando Jon Venables y Robert Thompson fueron condenados por el secuestro, tortura y asesinato de un niño de 2 años. Fueron juzgados como adultos en un tribunal penal ordinario y sentenciados a detención indefinida, aunque recuperaron la libertad a los 18 años, bajo nuevas identidades.
En Francia, el límite está en 13 años, y en 14 se ubica para España, Alemania e Italia.
La Florida y el caso Kaia Rolle
En Estados Unidos existen diferencias entre los delitos de competencia federal y aquellos que son abordados por la Justicia de los diversos estados. Mientras que a nivel nacional el límite es de 11 años, en algunos lugares, como Florida, puede descender hasta los siete.
El estado del sur tiene un extenso historial de detención de niños de corta edad: en el período 2021-2022, más de 2.000 niños de entre 5 y 12 años fueron arrestados.
Sin embargo, a causa de un polémico caso, se impusieron restricciones al accionar policial. Ese año se conoció un video en el que dos policías se llevaban esposada a una niña afroamericana que había tenido un berrinche en una escuela.
El episodio dio lugar a la ley Kaia Rolle, que determina que un chico puede ser arrestado, procesado o declarado culpable si comete lo que se denomina una “felonía con uso de fuerza”.
Allí se incluyen algunos de los delitos que en Argentina se pretenden incorporar al nuevo régimen penal juvenil: asesinato, agresión sexual, robo a mano armada, secuestro y uso o exhibición de armas de fuego.
Sin embargo, en todos esos casos, la fiscalía debe demostrar que el chico tiene capacidad mental para comprender lo que estaba haciendo.
El caso paradigmático de esta política es el de Jeremiah Hill, quien a los 13 años fue juzgado como adulto en Florida por homicidio y condenado a 40 años de prisión.
Mientras tanto, Cristian Fernández, de 12 años, enfrentó la posibilidad de cadena perpetua por el asesinato de su hermano de 2 años. Tras un polémico proceso, en el que fue juzgado como adulto, su defensa logró negociar una declaración de culpabilidad por homicidio involuntario y recibió sanciones juveniles.