El proyecto oficial para obligar a todos los comercios a operar con tarjetas de crédito y débito generó un amplio rechazo de los empresarios del sector, que si bien coinciden con el Gobierno en que es necesaria una mayor bancarización de la economía, creen que obligar a todos los locales a operar con plásticos es casi una misión imposible. En cambio, los comerciantes proponen trabajar sobre el impuesto al cheque, un tributo que desde que fue creado, alentó la venta en efectivo y, en muchos casos, en negro.

Con ese objetivo, el titular de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Carlos de la Vega, se reunirá el lunes con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y también pedirá una audiencia con la presidenta del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont. El planteo radicará en que para los pequeños comercios les será muy difícil implementar la medida porque está muy poco bancarizado producto de las peripecias de los últimos años. Por lo tanto, explicó De la Vega, podría establecerse un piso de facturación a partir del cual se exija la obligatoriedad.

La idea de extender el uso de posnet a todos los locales comerciales surgió a raíz de la escasez de billetes. Pero una medida de esas características no resolvería el problema rápidamente porque la instalación de las máquinas llevaría tiempo.

La propuesta de la CAC no será derogar el impuesto a los créditos y débitos bancarios, sino que pueda tomarse a cuenta del pago de otros tributos. Entendemos que eliminarlo implicaría un alto costo Fiscal, pero puede tomarse a cuenta, indicó De la Vega a El Cronista (ver aparte).

El impuesto a los débitos y créditos (más conocido como el del cheque) fue creado en marzo de 2001 en medio de la crisis. Fue considerado un impuesto de emergencia y el Gobierno prometió en cuanto pase la tormenta económica. Pero el gravamen distorsivo perduró y hoy representa un monto de recaudación nada despreciable para la administración de Cristina Fernández.

Su eventual eliminación estuvo varias veces en la agenda política. El 29 de marzo, por ejemplo, cuando la oposición presionaba en el Congreso para aumentar la coparticipación del impuesto al cheque, la presidenta Cristina Fernández amenazó con derogarlo. El Impuesto al cheque es una anécdota contable. La gran medida económica sería su derogación y estoy dispuesta a discutirla, dijo entonces la jefa de Estado ante gobernadores oficialistas. Luego, el vendabal pasó, el impuesto a las transferencias bancarias salió de agenda y la discusión oficial quedó debajo de la alfombra.

La AFIP recaudó en 2010 $ 26.884,7 millones por este impuesto, 30,8% más que en 2009. De ese monto, más de $ 20.000 quedaron en las arcas de la Nación o de la ANSeS. Este año, el fisco presupuestó percibir un 18% más: $ 31.786,8 millones. Aunque la recaudación presupuestada fue subestimada, según los economistas privados.

No sólo la CAC cuestionó la medida bajo análisis. También lo hizo la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que advirtió que para combatir la evasión debe controlarse el modelo de comercio de La Salada y las saladitas, que evade unos $ 12.000 millones anuales, y no sólo obligar a los comercios a vender con tarjetas, señaló el secretario de prensa, Vicente Lourenzo.

La medida nos parece que está bien si es para combatir la evasión, pero queremos recordar que los comerciantes nos vimos obligados a tener el controlador fiscal, enfatizó Lourenzo.