Mientras el Gobierno impulsa una apertura del cabotaje a buques de cualquier bandera, el peronismo puso sobre la mesa una alternativa que contempla la participación de embarcaciones extranjeras, pero bajo un régimen excepcional, temporal y con condiciones para fortalecer la Marina Mercante argentina.
El proyecto presentado por el senador Jorge Capitanich propone crear un Régimen Especial Temporal para el Fortalecimiento del Cabotaje Nacional y de la Marina Mercante Argentina (RETCAN). La iniciativa establece una excepción de 24 meses para que buques de bandera extranjera puedan operar en determinados tráficos fluviales, con la posibilidad de una única prórroga de hasta 12 meses.
La propuesta apareció como una de las alternativas que podrían incorporarse al debate sobre la reforma del cabotaje que impulsa el oficialismo.
El proyecto del Gobierno plantea una apertura más amplia y permanente, mientras que el texto de Capitanich busca utilizar una ventana temporal para aumentar la disponibilidad de bodega y mejorar la logística sin abandonar el objetivo de recuperar una flota mercante nacional.
Marina mercante: qué cambios propone el proyecto del peronismo
La principal diferencia con el proyecto que encabeza el gobierno está en el alcance de la excepción.
El proyecto del peronismo mantiene como regla que el cabotaje nacional sea realizado por buques de bandera argentina o con tratamiento de bandera argentina. La excepción para embarcaciones extranjeras se limita al transporte de cargas secas no extractivas y al ámbito fluvial de la Vía Navegable Troncal y de los tramos navegables de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay en jurisdicción nacional.
El régimen tendría una duración inicial de 24 meses desde la promulgación de la ley. Además, el Poder Ejecutivo podría extenderlo por única vez durante otros 12 meses, pero solamente cuando existan razones de interés público vinculadas con el desarrollo del tráfico fluvial, la competitividad logística o la disponibilidad de bodega.
De esta manera, el proyecto no plantea una apertura general del mercado sino una excepción acotada en el tiempo y en el tipo de carga.
Los buques extranjeros autorizados deberían informar previamente a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) su ingreso, el período durante el cual operarán y las cargas que transportarán.
El límite para los extranjeros: más trabajadores argentinos
Uno de los puntos centrales de la propuesta es el régimen laboral. El texto establece que las embarcaciones extranjeras deberán incorporar progresivamente personal argentino.
A partir de los 180 días desde el inicio de sus operaciones deberán contar con un mínimo de 30% de trabajadores argentinos.
El porcentaje aumenta al 50% a los 360 días y al 75% a los 540 días. Si el régimen se extiende mediante la prórroga prevista por el proyecto, los buques deberán estar tripulados en un 100% por personal argentino una vez superados los 720 días. Los porcentajes se aplican a cada una de las categorías de abordo.
Es uno de los mecanismos con los que la iniciativa busca evitar que una eventual apertura del cabotaje se traduzca en un reemplazo permanente de trabajadores argentinos por tripulaciones extranjeras.
Para los trabajadores argentinos embarcados en buques extranjeros, además, el proyecto establece que las condiciones laborales se definirán mediante convenios colectivos de trabajo específicos.
El esquema responde a uno de los principales reclamos que aparecieron durante el debate en el Senado: cómo ampliar la oferta de transporte fluvial sin desarticular el empleo y la estructura de la Marina Mercante nacional.
Durante el plenario de las comisiones, el perito naval Fernando Morales respaldó el proyecto y sostuvo que el régimen temporal permitiría corregir los problemas actuales sin abandonar la construcción de una flota nacional.
“Nos da la posibilidad de corregir los errores y darles a los gobernadores y a los productores lo que pretenden, y trabajar seriamente en recuperar la Marina Mercante”, afirmó.
El planteo aparece en un contexto en el que las provincias del norte reclaman una mayor utilización de las vías navegables para reducir el costo del transporte de sus producciones, mientras los sectores empresarios y sindicales de la actividad cuestionan que una apertura amplia pueda terminar desplazando a los operadores y trabajadores argentinos.
Beneficios para los armadores nacionales
El proyecto no se limita a establecer condiciones para los buques extranjeros. También incorpora incentivos para los armadores nacionales.
La iniciativa fija una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias para las ganancias netas imponibles de los armadores nacionales incluidos en el régimen.
También permite una amortización acelerada para las inversiones vinculadas con la actividad de cabotaje nacional. Los armadores podrán comenzar a amortizar los bienes desde el período fiscal en el que sean afectados a la actividad, bajo las condiciones previstas por el proyecto.
La lógica es que la eventual entrada de buques extranjeros durante el período de excepción conviva con incentivos para que los operadores nacionales puedan ampliar y renovar sus flotas.
Apertura con controles
El proyecto también incorpora una restricción vinculada con la soberanía argentina.
Los buques extranjeros quedarían impedidos de operar en el cabotaje nacional si fueran operados, armados o fletados por empresas que hayan prestado servicios, directa o indirectamente, a personas o empresas no autorizadas por la Argentina para desarrollar actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental.
La violación de esa prohibición habilitaría sanciones y la cancelación inmediata de los permisos otorgados por la ANPYN.
Además, el texto establece que los buques extranjeros autorizados continuarán bajo el régimen jurídico de sus respectivas banderas, aunque deberán cumplir con las normas de seguridad de la navegación y orden público aplicables en aguas argentinas.
Como estándar laboral mínimo se incorpora el Convenio sobre el Trabajo Marítimo de 2006 de la OIT. A su vez, la Prefectura Naval Argentina deberá controlar el cumplimiento de los principales convenios internacionales de seguridad marítima, prevención de la contaminación y formación de la gente de mar.
Menos trabas para contenedores y cargas
La iniciativa también incorpora modificaciones vinculadas con la operatoria logística.
El proyecto establece que los contenedores puedan permanecer indefinidamente en el país bajo el régimen de admisión temporaria, sin los plazos de caducidad actuales, aunque deberán ser identificados y registrados y los agentes de transporte deberán presentar anualmente la información correspondiente ante la autoridad aduanera.
Además, crea un régimen simplificado de removido y reconoce la validez jurídica de la documentación de transporte emitida en formato digital para las operaciones de cabotaje nacional, incluidos los transbordos intermodales.