Las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Economía Nacional e Inversión del Senado firmaron el dictamen favorable al proyecto de ley que autoriza el pago de u$s 171 millones a dos fondos holdouts con sentencias firmes contra la Argentina en tribunales de Nueva York.
Gracias al avance legislativo se efectuó la extensión del plazo de vencimiento de los acuerdos: el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, amplió el límite original del 30 de abril al 31 de mayo, lo que le otorga al Congreso tiempo adicional para completar el trámite en ambas cámaras.
De no haber conseguido el dictamen, el plazo se habría vencido este jueves y con ello los acuerdos. Por eso, el Gobierno se involucró de lleno en avanzar sobre este gesto que transcurrió mientras que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se encontraba brindando el informe de gestión del otro lado de Pasos Perdidos.
Con la firma en mano, el proyecto ya queda en condiciones de ser tratado por la Cámara Alta en una sesión que aún no tiene fecha confirmada. Una vez que el Senado lo apruebe, el texto deberá pasar a la Cámara de Diputados para su votación definitiva. Solo tras ese segundo paso se convierte en ley y el Ejecutivo queda habilitado para efectuar los pagos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, participó directamente de las gestiones para garantizar el apoyo legislativo. El funcionario encabezó una reunión con senadores del denominado “Grupo de los 44 aliados” junto a Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, el martes pasado.
En ella, se abordó la necesidad de aprobar el acuerdo antes del vencimiento original. Del encuentro participaron, entre otros, el senador Eduardo Vischi, presidente del bloque UCR; Carlos Mauricio Espínola, del bloque Provincias Unidas; Carlos Arce, del Frente Renovador de la Concordia Social; Edith Terenzi, de Despierta Chubut; Beatriz Ávila, de Independencia; Flavia Royón, de Primero Los Salteños; Julieta Corroza, de La Neuquinidad; y Bartolomé Abdala, de La Libertad Avanza.
Según fuentes presentes en el encuentro, el Gobierno transmitió que el 30 de abril no representaba una fecha límite estricta, sino que la aprobación del dictamen en el Senado antes de ese día constituiría un gesto positivo ante los acreedores y el tribunal de Nueva York. Esa señal llegó: el dictamen se firmó en la jornada prevista.
El proyecto autoriza el pago de dos acuerdos de conciliación negociados por el Ejecutivo con acreedores que no ingresaron a los canjes de deuda de 2005 y 2010, realizados tras el default de 2001, y que obtuvieron sentencias favorables en la justicia estadounidense.
Bainbridge Ltd., por un lado, cobrará u$s 67 millones y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP recibirá u$s 104 millones, con una quita superior al 30% sobre los montos reconocidos por los fallos judiciales.
La quita es la reducción negociada respecto de lo que los tribunales habían reconocido como deuda. Sin acuerdo, Argentina seguiría debiendo los montos originales íntegros, que continuarían acumulando intereses bajo legislación estadounidense.
En concreto, Bainbridge tenía una sentencia por U$s 96 millones y el grupo Attestor acumulaba 16 fallos por más de u$s 465 millones. El acuerdo reduce esa exposición combinada de más de u$s 560 millones a u$s 171 millones.
A cambio del pago, ambos fondos se comprometen a abandonar todos los litigios activos, devolver los títulos de deuda y levantar las pretensiones ejecutorias que habían iniciado sobre activos del Estado argentino en el exterior.
Entre esos activos figuraban las participaciones accionarias del Estado en YPF S.A., en el Banco de la Nación Argentina (BNA) y en Aerolíneas Argentinas, sobre las cuales los acreedores habían solicitado a la jueza Loretta Preska, del Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, que ordenara su entrega forzosa.
Esa amenaza queda desactivada si el Congreso aprueba la ley y se concretan los pagos.
La Constitución Nacional establece que es el Poder Legislativo el que tiene atribuciones para autorizar operaciones de deuda pública. El Ejecutivo puede negociar y firmar acuerdos, pero no puede desembolsar fondos del Tesoro para cancelar obligaciones de esta naturaleza sin respaldo legal.
El mecanismo de pago previsto en los acuerdos es el denominado Delivery versus Payment (entrega contra pago): Argentina transfiere los fondos en el mismo momento exacto en que los acreedores entregan los bonos cancelados y libres de gravámenes. Este sistema elimina el riesgo de que una parte cumpla antes que la otra.
Con el dictamen firmado, el Senado deberá convocar a sesión para votar el proyecto en el recinto. Si la Cámara Alta lo aprueba, el texto pasa a Diputados, donde deberá recorrer el mismo camino: comisión y luego sesión.
El plazo extendido al 31 de mayo da margen para completar ese proceso sin la urgencia de las últimas horas que caracterizó la semana anterior. Si el Congreso no sanciona la ley antes de esa nueva fecha, los acuerdos caen y Argentina volvería a la situación de litigio activo, con sentencias que siguen acumulando intereses y con la posibilidad de que los acreedores reactiven los pedidos de embargo sobre activos estratégicos del Estado.