Mostró algún grado mayor de insidia, pero la respuesta de la Presidenta a la marcha del 18F no sorprendió. Básicamente, confirma dos cosas: primero que Cristina Kirchner va seguir escalando la confrontación hasta el último día (nadie seriamente esperaba otra cosa) y luego -incluso más allá de su obsesión con los medios- que la Justicia ha sido el verdadero obstáculo que el kirchnerismo no pudo sortear en su proyecto de concentración de poder.

Sobre lo primero, la Presidenta parece dispuesta definitivamente a cerrar el ciclo y a resignar la continuidad del kirchnerismo después de diciembre. Una nueva apuesta a la radicalización a escasos meses de las elecciones disminuye sin dudas las chances de Daniel Scioli, el candidato del oficialismo que presenta mayores expectativas en las encuestas, y consolida las candidaturas más ideologizadas, pero a la vez más débiles, del kirchnerismo.

Se sabe que Scioli está empezando a asumir en privado este designio.

La polarización podría presentarse como una alternativa si los polos se presentaran más o menos iguales. Pero todas las encuestas asignan a la oposición en todo el país no menos de 6 de cada diez votos. El ballotage aparece como una barrera infranqueable para el oficialismo, para no hablar de la posibilidad de una propuesta unificada de la oposición, una opción todavía improbable pero no imposible.

El kirchnerismo, además, consiguió sus mejores registros electorales cuando el discurso del oficialismo incluyó a sectores más vastos de la clase media, en 2005 y 2007, y en 2011 a raíz de la inesperada muerte de Kirchner, en un momento excepcional, cuando el electorado mostró una fuerte empatía ante la tragedia personal de la Presidenta y la oposición se fragmentó.

La marcha del miércoles sin duda expresa las preocupaciones de buena parte de esos sectores ante el pronunciado deterioro institucional de la Argentina y la tragedia del fiscal Nisman. Quien participó de la marcha habrá comprobado que ni siquiera se ensañaron como otras veces con Cristina Kirchner. Pero ayer fueron descalificados y hasta vilipendiados por la Presidenta.

En cuanto al papel de la Justicia, si bien el éxito de la convocatoria fue subestimado por la Presidenta (parece convencida de que fue una marcha menor), queda claro que a diferencia de otras construcciones funcionales a las que nos ha acostumbrado el oficialismo, el Poder Judicial no es apenas un enemigo elegido.

En los años de radicalización de Cristina Kirchner, aunque participó de algunos proyectos reformistas del Ejecutivo, el Poder Judicial frenó por inconstitucionales iniciativas como la de la elección por voto directo de los miembros del Consejo de la Magistratura y la del memorándum de entendimiento con Irán, que habían sido convertidos en ley por el Congreso con el voto de las mayorías oficialistas, el principal resguardo de la Presidenta. Alertados por el avance de oficialismo en el armado de una justicia adicta, los jueces además avanzaron en las investigaciones por corrupción sobre el vértice mismo del Poder Ejecutivo, primero sobre el vice -debieron sobreponerse a una embestida que se llevó al fiscal y al juez del caso y hasta al Procurador- y en los últimos meses, sobre la Presidenta.

La investigación sobre el supuesto delito de encubrimiento de los responsables del ataque a la AMIA acaso no hubiera tenido mayores consecuencias para la Presidenta sin la estremecedora muerte del fiscal Nisman. Con la imputación que dispuso Pollicita, ahora son dos los fiscales convencidos de que la justicia debe investigar la trama que alcanza a Cristina Kirchner y al canciller Timerman.

Ayer la Presidenta caracterizó a la justicia no adicta como un “Partido Judicial”, “nuevo ariete contra los gobiernos populares”, que viene a ocupar el lugar que en el pasado representaba el “Partido Militar”. Abonó así a la teoría de la agrupación Carta Abierta de que la convocatoria de los fiscales escondía una actitud “desestabilizadora”, que terminó predominando en el oficialismo ante posiciones más moderadas, que incluso insinuaron con sumarse a la marcha.

Incluso si diéramos por genuina la convicción de quienes sostienen la hipótesis destituyente, veríamos que los esfuerzos de la Presidenta no están puestos en asegurar la continuidad del proyecto político el próximo turno electoral, sino más bien en garantizar la supervivencia -y en el caso que involucra a la justicia, la impunidad- cuando llegue la hora del llano. Esta caracterización se completa con el fatalismo de una derrota electoral ante una fuerza política que exprese lo contrario, los intereses inconfesables, lo antipopular.

La teoría de la acechanza institucional y la existencia de un suprapoder ha sido funcional para la propia concentración de poder y para la narrativa del kirchnerismo. Pero alcanza un valor inestimable en el momento de la verdadera declinación porque alimenta la fantasía del sacrificio e incluso, con cierto nivel de teatralización, del martirio.