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La Cámara de Diputados aprobó por 124 votos afirmativos, 119 negativos y 6 abstenciones el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, con cambios en desalojos, usurpaciones y expropiaciones, y la restitución de la Ley de Tierras.
El proyecto, impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ya contaba con media sanción del Senado de la Nación el pasado 6 de agosto.
Ahora, tras las modificaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, la iniciativa deberá retornar a la Cámara alta para su revisión definitiva antes de ser ley.
Entre varios puntos, la ley establece modificaciones al régimen de expropiaciones y una profunda reforma de los procesos de desalojo.
Expropiaciones, desalojos y usurpaciones: qué cambia con la ley
El proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que se aprobó ayer, establece requisitos más duros para que el Estado pueda llevar adelante expropiaciones.
En este punto, según consignó El Cronista, el proyecto reforma la Ley 21.499: la declaración de utilidad pública deberá explicar el motivo concreto y demostrar necesidad y proporcionalidad.
La indemnización se actualizará por IPC más una tasa comercial e incluirá el lucro cesante si se acredita, con un tope del 30%.
En usurpaciones, el juez podrá ordenar la entrega inmediata del inmueble, y el dueño que lo acredite con documentos podrá exigir la restitución en 72 horas.
Desalojos exprés
Otro de los puntos centrales del proyecto es el nuevo esquema para acelerar los desalojos de inmuebles ocupados, mediante procesos judiciales sumarísimos.
La iniciativa contempla, al mismo tiempo, una protección especial de hasta diez días para quienes se encuentren en una situación de vulnerabilidad.
En el caso de las propiedades destinadas a vivienda, antes de recurrir a la justicia, el dueño deberá intimar formalmente al inquilino para que cancele la deuda. Desde que recibe esa notificación, el ocupante tendrá un mínimo de 10 días corridos para ponerse al día.
Si transcurrido ese período la deuda continúa, el propietario quedará habilitado para iniciar el proceso de desalojo. De acuerdo con el proyecto, la causa tendrá una tramitación de hasta 10 días hábiles, con el objetivo de acortar los tiempos del procedimiento.
La iniciativa también incorpora la posibilidad de solicitar una desocupación inmediata mediante caución juratoria cuando el desalojo se origine en la falta de pago o en la finalización del contrato.
Sin embargo, si posteriormente se determina que el propietario ocultó información o documentación para conseguir esa medida, podrá recibir una sanción.
En ese supuesto, la multa podría alcanzar hasta diez veces el valor del alquiler mensual y sería destinada a la parte afectada.
El proyecto establece además un mecanismo específico para los hogares donde haya menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo. En esos casos, el juez deberá comunicar la situación a los organismos correspondientes, entre ellos el Ministerio Público Tutelar.
El objetivo será garantizar una solución habitacional transitoria durante un plazo máximo de 10 días, sin que esa intervención implique suspender o frenar el proceso judicial de desalojo.
Cuánto dura hoy un proceso de desalojo
Actualmente, cuando un inquilino deja de pagar el alquiler o permanece en el inmueble una vez finalizado el contrato, el propietario debe atravesar una serie de pasos antes de recuperar la posesión de la vivienda.
En los casos de falta de pago, antes de iniciar el proceso, el locador debe intimar al inquilino para que regularice la deuda, con un plazo mínimo de 10 días.
Si el incumplimiento persiste o si el contrato ya venció y el inmueble no es restituido, recién entonces puede iniciarse una acción judicial de desalojo.
Sin embargo, los tiempos judiciales suelen extenderse durante varios meses y, dependiendo de la jurisdicción y de las incidencias procesales que surjan durante el expediente, incluso pueden superar ampliamente ese período.
Esa demora fue uno de los principales argumentos utilizados para promover la reforma.