A dos semanas de adelantar su existencia, con una cadena nacional nocturna post-faringitis, Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer el envío al Congreso de un nuevo Código de Procesamiento Penal, que en grandes líneas pasará de un sistema inquisitivo a uno acusatorio. "Este mecanismo delega en el fiscal toda la investigación", explicó la Presidenta. Es un modelo que ya rige en otras provincias, como la de Buenos Aires, a instancias de Daniel Scioli, quien ayer fue acompañado por el secretario de Justicia nacional, el camporista Julián Alvarez, en la apertura de un local con vistas a 2015. Un gesto.

La celeridad es su otra clave distintiva, al acortar "la etapa de instrucción que hoy dura 3 ó 4 años" a un máximo de 12 meses. Y en su propio discurso, de media hora de duración, grabado en su despacho de la Casa Rosada, la mandataria se anticipó a la polémica: el texto establece que los inmigrantes que "sean sorprendidos cometiendo un delito" serán deportados y tendrán su entrada al país vedada por 15 años. Si regresan, serán juzgados. De esta manera, en una puja ideológica dentro del kirchnerismo, ganó el reclamo del secretario de Seguridad, Sergio Berni, de expulsar a extranjeros que delinquen.

"La inseguridad es un tema que tiene mucho marketing. El que diga que con tal Gobierno se termina la inseguridad miente y él que lo cree es un tonto", sentenció Cristina Kirchner, en una solapada crítica a presidenciables opositores pero con la admisión de un problema que el propio Gobierno insistió en calificar como "una sensación".

Si bien, como en otras ocasiones, la mandataria cargó las tintas de la inseguridad sobre el Poder Judicial. "Este nuevo código va a establecer una prisión preventiva para terminar con la puerta giratoria", auguró. Y detalló que habrá prisión preventiva de acuerdo a la importancia del hecho, a la conmoción social que cause y también se tendrá en cuenta la reincidencia. "Quienes cometan delitos graves estarán presos desde el primer día y deberán ser juzgados en 10 meses", sentenció.
"Las víctimas no serán meros querellantes sino que van a poder participar en el proceso junto al fiscal", anticipó otro cambio en el nuevo texto, que ya recibió críticas opositoras de antemano por darle más poder a la Procuradora Alejandra Gils Carbó. "Las causas no prescriben; si los fiscales y los jueces no cumplen, van a ser sancionados", añadió la Jefa de Estado.