Los cruces públicos que exhibieron Ricardo Echegaray, Jorge Capitanich y Axel Kicillof en torno a una potencial reforma del Impuesto a los Bienes Personales revelan algo más que las discrepancias que existen en cualquier gobierno. Son la señal de que la política económica volvió a depender de la lógica que impuso el relato kirchnerista.
El final de la controversia contiene dos elementos que no son casuales. La primera es que la desautorización al jefe de la AFIP se activó tras una consulta a Cristina Kirchner, que ayer retornó a la Casa Rosada. La segunda es que no la transmitió el jefe de Gabinete, sino el ministro de Economía, que mostró que su nivel de influencia en el pensamiento presidencial le devolvió su carácter de primus inter pares.
Echegaray anticipó que el Gobierno trabajaba en una reforma del Impuesto a los Bienes Personales que prometía generar alto malestar en la clase media (aplicando una valuación de mercado a las propiedades). Capitanich evitó desautorizarlo en forma tajante, porque respalda más que Kicillof la adopción de medidas para bajar el rojo fiscal, quien solo acudirá a ellas como último recurso, porque le teme menos al camino de cornisa que va de la emisión a la alta inflación. La ortodoxia peronista de Capitanich tendrá que validar sus chances.