El Justicia Comercial prohibió la salida del país del empresario Alejandro Vandenbroele hasta mayo del 2014 para esclarecer la situación de patrimonial de la ex imprenta Ciccone y los créditos que adeuda.
El juez en lo Comercial, Javier Cosentino, dispuso que el presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou no pueda abandonar el país, mientras que declaró la quiebra de la imprenta por segunda vez desde mediados de 2010, según publica hoy el diario La Nación.
La ahora denominada Compañía de Valores Sudamericana (CVS) (ex Ciccone) está intervenida por el Gobierno desde agosto del año pasado, y bajo el control directo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino , y de la jefa de la Casa de Moneda, Katya Daura, funcionaria que responde a Boudou.
La orden judicial contra Vandenbroele sucede en el mismo momento que la justicia de Uruguay quiere indagarlo por presunto lavado de dinero después de investigar cómo canalizó fondos a través de la sociedad Dusbel SA, de ese país, con destino al misterioso fondo The Old Fund, según confirmaron fuentes tribunalicias en Montevideo. Con ese objetivo, hace un mes se envió un pedido a Buenos Aires, del que todavía no han recibido respuesta alguna, detalla el diario.
El vicepresidente está imputado por negociaciones incompatibles con la función pública. Se lo acusa de, cuando era ministro de Economía, haberse interesado ante la AFIP para que la empresa The Old Fund recibiera un plan de facilidades de pago de la deuda impositiva que tenía Ciccone.
La semana pasada la Cámara de Casación Penal avaló la declaración de Laura Muñoz, ex esposa del empresario Vandenbroele, y complicó aún mas situación de Boudou en la causa por la ex Ciccone. El máximo tribunal penal del país rechazó las nulidades planteadas por la defensa de Vandenbroele y, de esa manera, respaldó la continuidad de todo lo investigado hasta ahora y despejó el camino para que el juez federal Ariel Lijo avance en el expediente en el que se investigan supuestas irregularidades en el traspaso de la ex Ciccone Calcográfica.