La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y su par de Justicia Mariano Cúneo Libarona encabezaron una conferencia de prensa este miércoles para denunciar a líderes de organizaciones sociales de Chaco por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos remitidos desde Nación y la provincia, así como de la denuncia de situaciones puntuales como violaciones y extorsiones. La promesa del Gobierno es investigar lo mismo en diferentes provincias.
En la sala de conferencia de Casa Rosada, los dos funcionarios del Gobierno de Javier Milei llevaron a cabo una breve presentación junto al gobernador de Chaco Leandro Zdero, su ministro de Seguridad Hugo Matkovich y el diputado provincial Iván Gyoker; en el que resaltaron que avanzarán en la investigación de delitos de organizaciones sociales y que ambas esferas trabajarán para la desarticulación de la intermediación de los planes y programas sociales.
"Los que manejan la política social creen que tienen el poder de dominar y explotar a la gente", dijo la funcionaria nacional, quien señaló que recibieron "80 mil llamadas que hablan de extorsión, aprietes, abusos sexuales, imposiciones" en contra de movimientos sociales y sindicatos".
Además, anticipó que el Gobierno avanzará con "un cambio total y absoluto de estos gerentes, que ya no son gerentes de la pobreza, sino de la explotación total y absoluta del ser humano utilizando su condición de vulnerabilidad".
Los funcionarios chaqueños explicaron que la red que funcionaba en la provincia estaba "comandada por un dirigente piquetero que prostituía mujeres a cambio de otorgar y administrar sus planes sociales".
Según se precisó en la conferencia de prensa, el intermediario retenía las tarjetas, obligaba a las víctimas a asistir a marchas con fines políticos, y sustraía parte del dinero suministrado por el Gobierno; y actualmente se encuentra detenido. Entre los apuntados está Jorge Florencio Bregui, referente de la Corriente Clasista y Combativa de Chaco, que días atrás se entregó ante la Justicia tras ser denunciado por abuso y explotación sexual por al menos dos mujeres.
"Estas prácticas extorsivas no tienen más lugar en este Gobierno. No más intermediarios", sostuvieron los ministros del Gobierno nacional.
Al margen de los referentes sociales, los funcionarios presentes en la conferencia no descartaron que las denuncias y el alcance judicial alcance a exfuncionarios de alta jerarquía de la anterior administración provincial peronista como Jorge Capitanich.
Esta conferencia se produjo horas después de que la ministra asistiera a Comodoro Py a una audiencia con el juez federal Sebastián Casanello, a raíz de una audiencia de habeas corpus presentada para debatir la legalidad del protocolo de orden público (mejor conocido como el "protocolo antipiquetes"), en los tribunales federales de Retiro.
En el encuentro se desarrolló a puertas cerradas y participaron los dirigentes de Izquierda Celeste Fierro y Alejando Bodart, quienes presentaron el habeas corpus.
"Es una audiencia clave, donde se puede resolver el destino del protocolo represivo de Bullrich. Es un paso más en la lucha contra este protocolo que vulnera nuestros derechos, y seguiremos insistiendo en su inconstitucional", remarcó Fierro.
Ante el fracaso legislativo que tuvo el bloque de La Libertad Avanza en las sesiones extraordinarias, período en el cual no se aprobó ninguno de los 14 temas que habían sido puestos a debate, entre ellos la ley ómnibus, el Gobierno busca deslegitimar la posición de las organizaciones sociales, los cuales son actores de relevancia en las manifestaciones callejeras.
A pesar de que fue decisión del gobierno porteño, hoy se conoció que se incrementará la tarifa del subte en 505,6% en tres tramos entre abril y junio, lo que lleva el boleto de $ 125 a $ 757, y los peajes en un 237,5% en dos incrementos. Además, Nación continuará con los aumentos en los boletos de los colectivos y de las tarifas energéticas en el marco de la reducción de subsidios y la meta fiscal establecida con el Fondo Monetario Internacional (FMI).