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El Gobierno aprobó el modelo de Contrato de Concesión entre el Estado Nacional y la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), en el marco de la privatización de la compañía.
Lo hizo a través de la Resolución 543/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa estipula que la empresa deberá cumplir con un plan de acción de transición para asegurar una gestión operativa adecuada durante el cambio de titularidad.
Según remarcó el Gobierno, se busca atraer a un operador estratégico a través de una licitación pública nacional e internacional, sin dejar de garantizar al mismo tiempo la continuidad del servicio de agua potable y cloacas.
Privatización de AySA: en busca de un “operador estratégico”
La decisión se adoptó en el contexto de la implementación de la ley 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a la empresa y encomendó al Ejecutivo la organización de los procedimientos necesarios para llevar adelante la venta de la mayoría accionaria a un operador estratégico.
Según los considerandos de la resolución emitida por el ministerio de Economía, el Ejecutivo busca concretar la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un “operador estratégico”. Esta operación se realizará a través de un procedimiento de licitación pública nacional e internacional.
Para el resto de las acciones que aún queden en manos del Estado Nacional, se apuntará a la colocación en bolsas y mercados del país. Este proceso cuenta con la intervención activa de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.
El objetivo de establecer un nuevo contrato antes de la venta es regular con “mayor claridad” los derechos y obligaciones tanto del Estado (concedente) como del futuro operador (concesionario), en línea con las recomendaciones del Informe Circunstanciado elaborado por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.
En este sentido, a partir de la aprobación del contrato, AySA deberá cumplir con el Plan de Acción de Transición por el período que resta de este año. Además, debe contemplar la integración de metas y obligaciones que se extiendan más allá de ese plazo en el primer ciclo tarifario, comprendido entre enero de 2027 y diciembre de 2031.
La cartera económica, como autoridad de aplicación, tiene la responsabilidad de adoptar todas las medidas necesarias para evitar interrupciones y garantizar que la transición hacia la mayoría accionaria privada no afecte la calidad ni la cobertura de la prestación.
El camino a la privatización de AySA
El Gobierno de Javier Milei confirmó a mediados del año pasado que avanzaría con la privatización. Lo formalizó con la publicación de un nuevo marco regulatorio para el nuevo modelo de concesión. Luego, con el decreto 494/2025 plantearon el diseño de esa concesión, con la venta de una parte del paquete de acciones en la Bolsa.
Ese marco regulatorio estableció el entramado legal que le otorga exclusividad territorial a la futura operadora una vez que se avance en la concesión. Además, le da amplios márgenes para la ejecución de actividades comerciales no reguladas y criterios de rentabilidad comparables con otras actividades privadas.