El reclamo de los docentes nacionales para lograr un aumento salarial del 36% este año puso en estado de alerta a los gobiernos provinciales, que advierten que una suba de esas características pondría en peligro las finanzas de los distintos distritos.

De acuerdo con un informe de la consultora Economía & Regiones (E&R), si los docentes logran el aumento exigido, el consolidado de las provincias cerraría el año con un déficit en torno a los $ 18.000 millones. Este resultado negativo se sumaría a los cerca de $ 3.500 millones de rojo alcanzado el año pasado, que no logró revertirse pese al alto crecimiento de la recaudación (ver aparte).

De todas maneras, el gremio de los docentes se encuentra en plena negociación con el ministro de Educación nacional, Alberto Sileoni, y la expectativa es que el aumento otorgado se ubique en torno al 25%. De ser así, el sueldo de la categoría más baja subiría de $ 1.840 a $ 2.300. Los gobiernos provinciales, sin embargo, esperan que el número ronde el 20%, un escenario poco probable debido a la inflación registrada en 2010 y la proyección para este año. Si bien cada jurisdicción encara su propia negociación con sus respectivos gremios docentes, el porcentaje que se acuerde a nivel nacional termina trasladándose a las provincias y al resto de la administración pública subnacional.

Según el informe de E&R, las provincias lograrían alcanzar un escenario de equilibrio fiscal sólo si los aumentos salariales se ubicaran en torno al 15%. Dado que parece utópico lograr un acuerdo salarial semejante, el 2011 será otro ejercicio con resultado negativo a nivel subnacional.

La consultora elaboró el documento en base a cuatro escenarios previstos: desde un aumento del 20% hasta el 35%. En el de mínima, cuya suba salarial alcanzaría el 20%, el gasto en personal alcanzaría los $ 135.700 millones y daría lugar a un déficit financiero similar al de 2010 ($ 3.500 millones). Una suba del 25%, en tanto, llevaría las erogaciones en personal a $ 140.185 millones y el resultado fiscal negativo treparía a $ 8.000 millones; en el caso de que el aumento ascienda a 30%, el déficit ascendería a $ 12.500 millones, cifra que crecería a $ 18.000 millones, bajo la hipótesis de máxima, es decir, de que la suba salarial alcance el 36%.

Consultado por El Cronista sobre la negociación salarial, el ministro de Economía bonaerense, Alejandro Arlía, aseguró que en Buenos Aires no se convalidará ningún porcentaje que ponga en riesgo las finanzas provinciales al punto tal de generar problemas con los pagos.

Los porcentajes vamos a discutirlos en el ámbito que corresponde, en el marco de las paritarias, sostuvo Arlía.

Tampoco quisieron hablar de cifras en la provincia de Santa Fe. Fuentes cercanas al ministro de Economía, Angel Sciara, afirmaron que hoy y mañana habrá reuniones técnicas entre el gremio y el gobierno provincial, previas a un ofrecimiento concreto de aumento. Además, recalcaron que el año pasado otorgaron incrementos por encima de la inflación y que el piso salarial del sector docente se encuentra por encima de los sueldos nacionales.

En la ciudad de Buenos Aires, la estrategia es esperar la aprobación del presupuesto local que no logró ser aprobado en diciembre y ver qué define el gobierno nacional.

De acuerdo con el informe de E&R, entre planta permanente, transitoria y personal contratado, las provincias cuentan con un total aproximado de 1,8 millones agentes públicos, cerca del 10% de la PEA. A partir de esta cifra, el gasto en personal absorbe más del 50% del gasto primario provincial, por lo que cada punto de aumento salarial que se otorgue en 2011 equivaldrá a una erogación adicional de casi $ 1.000 millones para el conjunto de las provincias.