En esta noticia
El Senado de la Nación abre esta semana una instancia institucional relevante con la convocatoria a la Comisión de Acuerdo para realizar la primera de cuatro audiencias públicas previstas entre el 30 de abril y el 13 de mayo para analizar los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo
En ese proceso se definirá quiénes ocuparán los sillones vacantes en la Justicia nacional y federal, un reclamo que se mantiene hace ya varios años.
La comisión está presidida por el senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto. Luego de las exposiciones, los pliegos deberán obtener dictamen en comisión y ser votados en el recinto, donde se requiere mayoría simple.
El Poder Judicial de la Nación tiene hoy el 37% de sus cargos vacantes —370 sobre un total de 1.002— y el gobierno de Javier Milei envió al Senado 67 pliegos de jueces y juezas entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2026.
Pero la magnitud de esas vacantes, lejos de ser solo un problema operativo, abre una ventana de riesgo institucional: cuanto mayor es la cantidad de cargos a cubrir, mayor es la posibilidad de que esas designaciones se conviertan en moneda de cambio político.
Eso es precisamente lo que advierten seis organizaciones de la sociedad civil —ACIJ, INECIP, Amnistía Internacional, CELS, ELA y Poder Ciudadano— en un informe que pone la lupa sobre la calidad de las candidaturas propuestas.
El problema del mérito
El corazón del informe es el análisis de los concursos públicos de los que surgieron las candidaturas. El proceso de selección ante el Consejo de la Magistratura contempla varias etapas: evaluación de antecedentes, examen de oposición, impugnaciones y, finalmente, entrevistas personales. Las primeras instancias son las más objetivas; las últimas, las más discrecionales.
El informe detectó 12 casos en los que la diferencia entre la posición obtenida en las etapas más objetivas del concurso y la posición final supera los 10 lugares, con saltos que llegan hasta 32 posiciones. En 14 casos adicionales, el candidato subió más de cinco puestos específicamente a partir de la instancia de entrevistas —la etapa de mayor arbitrariedad—, con un máximo de 14 posiciones de ascenso.
Pero el dato más contundente es otro: considerando la cantidad de cargos concursados en cada proceso —lo que determina cuántas personas integran las ternas—, existen 20 casos en los que las personas seleccionadas no habrían podido ingresar a las ternas si se hubiese respetado estrictamente el orden de mérito inicial.
Dicho de otro modo: llegaron donde están gracias a las etapas más discrecionales del proceso. Las organizaciones señalan que esto “genera sospechas fundadas sobre la posible incidencia de factores indebidos en las designaciones”.
A eso se suma un caso que las organizaciones califican directamente como “contrario a derecho”: un candidato al Tribunal Federal de Juicio de Formosa fue propuesto desde una lista complementaria, un mecanismo que solo puede utilizarse si la terna original quedó incompleta por muerte, renuncia o designación del titular en otro cargo. Ninguna de esas condiciones se verificó.
Vínculos que inquietan
Siete de los 67 postulantes tienen vínculos familiares con magistrados o exmagistrados. En dos de esos casos, los lazos son con jueces que tienen actualmente a su cargo causas que involucran directamente al gobierno nacional.
El informe señala a María Cristina Juan, cónyuge del juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien lleva el denominado “Caso $LIBRA”,la investigación sobre la participación del presidente Milei en el lanzamiento de una criptomoneda. que se desplomó abruptamente—.
El otro caso es el de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tribunal que tiene a su cargo diversas causas que involucran al poder público. Las organizaciones no afirman que existan acuerdos, pero sí advierten que estas situaciones “refuerzan el deber de motivación del Poder Ejecutivo” para justificar esas designaciones. Tres postulantes adicionales ocuparon o ocupan cargos políticos en la administración pública.
Género: la brecha que no se corrige
El informe también documenta la dimensión de género del problema. El 70% de los propuestos son hombres y el 30% mujeres, una proporción que reproduce casi exactamente la composición actual de la Justicia nacional y federal. En algunos tribunales específicos, la situación es aún más grave: la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata quedaría integrada en su totalidad por varones, y los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal mantendrían un 86% de masculinización.
El rol del Senado
Las audiencias que arrancan este jueves son la última instancia de control antes de que los pliegos sean votados en el recinto. Las organizaciones firmantes del informe reclaman que el Senado ejerza ese control “de manera rigurosa”, especialmente en los casos donde aparecen dudas sobre idoneidad e independencia. La arquitectura institucional contempla esa posibilidad: los senadores pueden interrogar a los postulantes en las audiencias públicas y, eventualmente, no dar acuerdo a sus designaciones.
La primera de las cuatro audiencias públicas previstas se realizará este jueves 30 de abril en el Salón Azul del Palacio Legislativo. Ante la Comisión de Acuerdos desfilarán 16 postulantes para defender sus pliegos: entre ellos, Ricardo Santiago Lombardo para el Tribunal Oral de Menores N° 3; Santiago Poncio para el Juzgado Criminal y Correccional N° 13; y los candidatos a cinco juzgados civiles de primera instancia —Javier Santiso, Ignacio Labadens, Julián Herrera, Juan Martín Balcazar, Ezequiel Sobrino Reig y Germán Degano—.
También exponen cuatro candidatas a juzgados criminales y correccionales —Gloria Capanegra, Paula Fuertes, Soledad Mariño y Laura Kvitko—, la defensora pública propuesta María Inés Restón, Hugo Decaria para el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3, y José Miguel Guerrero para el Juzgado Criminal y Correccional N° 1.