La reunión del presidente con los veinticuatro gobernadores resulta ser un gesto que puede interpretarse como una de las principales aventuras en materia fiscal: un nuevo régimen de Coparticipación Federal de Impuestos. Algo que fue propiciado por la Suprema Corte Justicia de la Nación (con un fallo tan inoportuno como demorado) y por la propia ex presidente Cristina Fernández (con un decreto tan inaplicable como injusto).

La Constitución reformada en 1994 exigió que el Congreso de la Nación Argentina dicte en un período no mayor a un año una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Sin haber obtenido el consenso necesario de todas las provincias, hace 21 años incumplimos sistemáticamente nuestra propia Carta Magna.

Esta situación provoca que las provincias se vean sobre exigidas con cobros anticipados de tributos vía retenciones y percepciones sustentadas en presunciones inconstitucionales que nada tienen que ver con la realidad económica de los negocios. Y en un contexto recesivo como el actual, el escenario es todavía más desfavorable.

Por otra parte, la imposibilidad de las provincias de emitir su propia moneda impide que el déficit fiscal sea cubierto sin la asistencia del gobierno federal, lo que provocó que éstas no gocen de real autonomía a la hora de tomar sus decisiones.

Ante un cambio de gobierno y cierta voluntad política expresa de solucionar esto después del último plenario de gobernadores en Olivos, deberíamos replantear qué y cuánto se gira a cada Provincia y, si el amiguismo y bandera partidaria, pueden condicionar lo que la ley no manda o manda mal, ya que los porcentajes que delimitan cuánto recibe cada jurisdicción se basan en parámetros que fueron modificados en 1988 (con la sanción de la Ley 23.548).

En una de las últimas decisiones erróneas de Cristina Fernández, se dispuso por el Decreto 2635/2015 el cese a la detracción del quince por ciento (15%) de la masa de impuestos coparticipables pactada en la Cláusula Primera del Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales del 12 de agosto de 1992 ratificado por la Ley N 24.130 a la totalidad de las jurisdicciones. Dado que ese 15% que las provincias cedieron para financiar a la ANSeS representan en la actualidad el 80% del déficit consolidado provincial. Y éste último no es casual, es el resultado de años de desidia y abandono del sistema federal que propició un manejo unitario de los recursos desde el Gobierno Nacional e impidió aprovechar una bonanza nunca antes vista en nuestro país.

Finalmente, la jueza en lo contencioso administrativo federal Liliana Heiland dictó una medida cautelar solicitada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República y le ordenó al Gobierno que suspenda la ejecución del DNU, propiciando un impase que abre el juego para poner en juego la madures política de nuestros gobernantes y de toda la sociedad.