Lasresidencias médicasconstituyen uno de los pilares fundamentales en la formación de profesionales de la salud en Argentina. Son espacios únicos donde el aprendizaje académico se combina con la práctica asistencial intensiva, consolidando las competencias clínicas, técnicas y humanas esenciales para el ejercicio profesional. Desde su institucionalización mediante la Ley 22.127, el sistema de residencias ha sido reconocido por su rol clave en la consolidación de una salud pública federal, de calidad y con perspectiva estratégica.
La reciente resolución conjunta del Ministerio de Salud de la Nación y el Consejo Federal de Salud reafirma esta visión, al proponer una actualización normativa que enfatiza la dimensión pedagógica de las residencias. El nuevo enfoque busca consolidar al residente como profesional en formación, con una carga horaria limitada, mayor supervisión y estándares educativos homogéneos. Esta orientación se alinea con recomendaciones internacionales que vinculan entornos formativos estructurados con mejores resultados en calidad asistencial y aprendizaje profesional.
Una de las principales novedades del nuevo esquema es la adopción de la figura de beca formativa. Esta modalidad, ya implementada en otros países, redefine el vínculo institucional del residente, centrando su rol en el proceso educativo. Si bien puede contribuir a disminuir tareas no formativas y a reforzar el acompañamiento pedagógico, su implementación debe contemplar cuidadosamente los aspectos económicos, sociales y jurídicos que afectan a quienes transitan esta etapa.
Las médicas y médicos residentes inician su formación especializada luego de más de siete años de estudio universitario, con edades promedio entre los 25 y 27 años. En esta etapa vital, requieren autonomía económica, estabilidad y condiciones dignas que les permitan desarrollarse profesional y personalmente. Una beca que no contemple un monto acorde a las necesidades reales puede comprometer la dedicación exclusiva que exige la residencia, desincentivar vocaciones y generar desigualdades en el acceso a la formación.
Por ello, es necesario que el Estado considere la fijación de un piso remunerativo nacional adecuado al costo de vida. Esta medida no solo garantizaría equidad entre jurisdicciones y subsistemas (nacional, provincial, municipal y universitario), sino que evitaría la exposición de los futuros profesionales a situaciones de vulnerabilidad. Asimismo, vincular la etapa formativa con eventuales salidas laborales dentro del sistema público que los capacitó puede fortalecer la retención de talento y dar coherencia a la inversión estatal en capital humano.
Las preocupaciones expresadas por sectores que advierten sobre una posible precarización laboral no deben ser desestimadas. La excelencia formativa no puede sostenerse en condiciones materiales deficitarias. El riesgo de migración profesional o de abandono de especialidades críticas es una consecuencia posible si no se resguardan los derechos, la dignidad y el proyecto de vida de quienes se están formando.
En definitiva, las residencias médicas no son un gasto: son una inversión estratégica en salud pública. Requieren actualización, monitoreo y mejora continua, pero también deben ser sostenidas por políticas que reconozcan el valor del esfuerzo, la trayectoria y el compromiso de quienes ingresan al sistema para transformarse en profesionales al servicio de la comunidad. Formar para cuidar implica también cuidar a quienes se forman.
