Mezcladas entre las urgencias de la gestión, el nuevo gobierno tendrá que emprender una suma de reparaciones históricas, con personas e instituciones, sin caer en el damnatio memoriae (condena a la memoria, en latín), con el que los emperadores romanos borraban todo testimonio de las obras de predecesores. No sería revancha, sino justicia.

Una de esas reparaciones en términos institucionales ya fue anunciada: la de INDEC. En términos personales, valga citar aquí sólo una: la del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Carlos Fayt, por la brillantez y abnegación de su servicio a la Nación. El anciano juez recibió un castigo inmerecido por muchos que han tenido autoridad, pero que no llegan a sus talones por su honra y valores morales.

Sectores de la oposición ya intercambiaron ideas para derogar o modificar leyes aprobadas por el kirchnerismo a cara de perro; entre otras la ley de Abastecimiento, la de Emergencia Económica, la Antiterrorista, la de Exteriorización de capitales, aspectos de la ley de Medios audiovisuales, el nuevo Código Civil y Comercial, las reformas al Consejo de la Magistratura, la Carta Orgánica del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores; la ley del Mercado de Capitales, el Memorandum de Entendimiento con Irán y hasta la reposición del nombre original del Centro Cultural del Bicentenario, repentinamente cambiado a Néstor Kirchner. También para revertir condiciones creadas supuestamente para garantizar impunidad y/o presencia de nutrida militancia K en el Estado. Todo ello deberá hacerse con altura institucional y sin ofensas.

Un caso de damnatio memoria fue aquel del entonces presidente Kirchner cuando en el acto de fundación del Museo de la Memoria, en la disuelta ESMA, ordenó descolgar los cuadros de Videla y Bignone. Kirchner reivindicó el gesto, justo pero simbólico, como el inicio de la acción del Estado contra la dictadura militar. Dijo, empinado: "Vengo a pedir perdón de parte del Estado nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia tantas atrocidades".

Ignoró que no hubo tal silencio, ni siquiera en los primeros 20 días de democracia: el entonces presidente Alfonsín, en diciembre de 1983, en sus primeras horas de gobierno, tuvo la valerosa decisión de enviar a juicio a las máximas jerarquías de la dictadura y del terrorismo civil que asolaron a la Argentina en los años 70. Tras la anulación de la ley de autoamnistía de los militares, mediante el Juicio a las Juntas y otros sustanciados en aquellos años, fueron condenados y encarcelados -así los entregó Alfonsín a su sucesor- los miembros de las tres sucesivas juntas, el último presidente de facto y las cúpulas del terrorismo civil. Eso sí, estas no volvieron a ser reprochadas tras el indulto de Carlos Menem; fueron, en cambio, indemnizadas.

La raíz del damnatio memoriae está en la psicología de gobernantes autoritarios, que pretenden ser los únicos hacedores e iniciadores de las cosas. Y también en las expectativas del fanatismo, según se ha visto en estos tiempos en los que se habló de "segunda fundación de la república". En cambio, las reparaciones históricas son actos de justicia.