El correr de los días y del agónico proceso electoral, creció el concepto político más desarrollado programáticamente por todos los partidos. Se instalaron dos ideas fuerza: la necesidad de amplios consensos nacionales y su traducción en un pacto social. En torno de la mesa de acuerdos deberían confluir todos los sectores. Cada uno debería aportar su granito de arena para superar definitivamente la crisis.
Las dificultades empiezan a poco de andar, al tratar de delimitar los márgenes de las concesiones necesarias para alcanzar esa conformidad. Por definición, un consenso es un acuerdo logrado por todas las personas de un mismo grupo. Lo cual también supone definir quiénes estarán dentro del acuerdo.
Con la naturaleza de los problemas más urgentes sobre la mesa, los primeros pasos fueron dados entre miembros del empresariado y los sindicalistas. Los límites, sin embargo, aparecieron pronto. Unidos más por la necesidad de cerrar filas y de elaborar una estrategia defensiva de la política económica, la UIA y otros empresarios proclives al diálogo, por un lado, y el sindicalismo de la CGT, necesitado de consolidar también un nuevo liderazgo, prometieron conversar para aggiornar las legislaciones para facilitar nuevas condiciones de nuevos tipos de trabajo.
Levantados de la mesa se vieron dedos cruzados y cuernitos en ambos lados, y desafíos cruzados para ver quién deponía demandas antes. Los costos laborales, medidos en contribuciones y en legislación de indemnizaciones por un lado, la actualización de las paritarias por encima de la inflación en el otro bando siguen, por el momento, por caminos divergentes.
En la oposición, Alberto Fernández hizo punta en la propuesta de "hacerlo con todos", y anticipó un pacto de 180 días para bajar la inflación. De la vereda oficial, Mauricio Macri recordó que tras las elecciones legislativas de 2017, él mismo había convocado a un acuerdo político a todos los sectores. No hubo avances a la vista. La grieta y la campaña in progress volaron por el aire posibilidades de acuerdos obvios, como el de la eliminación de las PASO.
Duraron minutos las especulaciones oficiales acerca de un diálogo posible con actores de la producción para ponerle coto a la inflación que se disparó, antes de los comicios de agosto, los precios en la devaluación de junio. Dante Sica recordó que la promesa opositora de un pacto social ya había generado aumentos preventivos de un congelamiento. Una fe de incredulidad a los pactos que, si el ahora oficialismo pasa a ser oposición, implicará la resistencia de 40% del electorado alineado con las prácticas no acuerdistas.
Existen también ciertas percepciones de consensos, que engañan a la vista. Pasó poco advertida en los debates en las redes sociales que entre las chicanas del último debate presidencial, Alberto Fernández reprochó las cifras de Mauricio Macri con que había argumentado sobre menor tráfico de estupefacientes. Le recriminó que, en realidad, no se había reducido el consumo de marihuana. Sin embargo, en su promocionada charla que dio en el Colegio Nacional de Buenos Aires acompañado por José "Pepe" Mujica, el ex presidente del Uruguay, anticipó que es partidario de la liberalización del consumo de marihuana.
Encender la televisión es un buen test para definir posiciones ante el Pacto Social. Las imágenes de Santiago de Chile, las de La Paz o las recientes de Quito nos muestran que el consenso y el diálogo escasean por América latina. La Argentina, con su crisis y recesión a cuesta, parece tensa, como a la expectativa de lo que suceda el domingo, en las urnas.
Acaso como recuerdo aterrador de los episodios del 2001, tal vez como indicador de lo cerca que podríamos estar de una mayor desintegración social. Ojalá que la consumación de los comicios permita revisar nuestra pulsión resistente a los acuerdos, esa costumbre argentina que deberíamos abandonar sin melancolía.
