Si gobernar es decidir, la gobernabilidad es precisamente la condición que se tiene para poder tomar decisiones. No siempre se cuenta con plena gobernabilidad, a veces se padecen márgenes decisionales acotados. De hecho, esta última es la característica distintiva de la naturaleza del proceso político. La gobernabilidad de Milei es la más precaria que haya tenido un presidente desde 1983. Es cierto que ello no debería ser una sorpresa para Milei, quien sabía desde un comienzo que, de ganar, enfrentaría esta dificultad: márgenes decisionales muy acotados que condicionan la posibilidad de éxito en la resolución de los problemas que enfrenta, porque impiden la sincronización plena de las decisiones por tomar. Este es un presidente que ha tenido que avanzar en una parte del plan (ajuste fiscal), mientras ha debido postergar otras (reformas estructurales), precisamente por no contar con autonomía decisional. El problema es que esta condición vuelve subóptimo el proceso de toma de decisiones y afecta la eficiencia del plan para resolver los problemas. Postergar piezas clave de un plan, que le darían coherencia y eficiencia al conjunto de decisiones, tiene costos. Esos costos se pueden minimizar si hay capacidad política del gobernante para resolver esta carrera contra el tiempo y los efectos no deseados del desajuste cronológico de las decisiones. Si el decisor logra, por ejemplo, que alguien le preste capacidad de decisión (que le dé apoyo) para cubrir esa falta. ¿Cuáles son los problemas de ese desajuste en el proceso decisorio? Si todas las decisiones por tomar para resolver los problemas económicos suponen que la sociedad argentina debe hacer un esfuerzo, será aún más exigente de lo necesario, es decir, deberá extenderse más en el tiempo, debido a la imposibilidad de tomar todas las decisiones juntas al inicio de la implementación del plan. Por ejemplo, si la corrección fiscal hubiera estado acompañada de reformas estructurales que robustecieran el plan y facilitaran una recuperación económica más vigorosa, ello podría haber contribuido a mejorar su sustentabilidad política, social y económica. Habría más probabilidad de éxito, si se puede tomar todas las decisiones de manera sincrónica. No hay ninguna novedad en todo esto. Es sabido que Milei gobierna en condiciones de debilidad decisional. En todo caso, el año y medio de mandato confirmó que esa condición afectaría la toma de decisiones. Efectivamente, no se ha podido avanzar con ninguna gran reforma estructural. Incluso se ha visto la mayor parte del tiempo, un presidente intentando evitar decisiones(vetos) más que intentando tomarlas (leyes). Pero sí es importante tener presente esta problemática de este ciclo para pensar los desafíos y necesidades que apremian al oficialismo de cara a la elección nacional de este año. Si se pudiera definir un objetivo prioritario de LLA en este turno electoral, sería el de maximizar los márgenes de acción logrando la mayor cantidad de legisladores posibles para acercarse a la posibilidad de tomar decisiones. Es cierto que para Milei sería muy importante, para el proceso de construcción de expectativas, mostrar un resultado ganador en octubre, sobre todo para transmitir la idea de que los cambios que pretende implementar siguen teniendo apoyo social. Pero resulta aún más relevante para él lograr resolver la restricción decisional. El oficialismo partirá, en ambas cámaras del Congreso, de un piso bastante lejano a las mayorías requeridas para sancionar leyes. Los 6 senadores de LLA continuarán su mandato más allá del 10 de diciembre, y solo 31 diputados seguirán en el Congreso luego de esa fecha. A esos dos bloques se les deberá sumar los diputados y senadores que el oficialismo logre incorporar en las elecciones de octubre. En el caso del Senado, la ecuación es compleja, porque de ganar en las 8 provincias que reparten senadores, el oficialismo apenas alcanzaría las 22 bancas. Es decir, ni siquiera en el escenario ideal alcanzaría el tercio de los miembros del Senado. Una probabilidad más realista, aunque igual optimista, es que gane en 6 o 7 de las provincias que reparten senadores. Eso sumaría, al bloque actual de 6 senadores, unas 14 o 15 bancas más. Lo dejaría unas 17 bancas lejos del quórum para sacar leyes. Ergo, deberá seguir negociando con gobernadores para aprobar leyes en el Senado. En Diputados, el piso de 31 bancas podría incrementarse con unas 50 o 55 obtenidas en la elección. Sin necesidad de lograr un gran resultado (por encima del 40 %), el oficialismo podría alcanzar esa cifra, que lo pondría a tiro de tener el tercio bloqueador de insistencias legislativas (o el tercio defensor de vetos), lo que le aseguraría bloquear al Congreso hasta el final del mandato. Y eso sin contar que la cosecha podría ser aún mejor: si el Gobierno supera el 40% de los votos, podría obtener más de 60 bancas. Aunque faltará saber cuántas bancas deberá entregar a otros sectores políticos con los que acuerde ir en alianza, como sucederá con el PRO en Buenos Aires o con la UCR en Chaco. Pero, en todo caso, es muy probable que el oficialismo logre consolidar un tercio en Diputados para bloquear al Congreso. Sin embargo, todo esto no resuelve el problema central de la restricción decisional. Milei deberá seguir negociando y acordando después de las elecciones para sacar leyes del Congreso. Porque para garantizar la sustentabilidad política, social y económica del plan de gobierno, no alcanza con blindar los vetos: Milei necesita sacar leyes y reformas del Congreso. Allí está el desafío de la segunda mitad de mandato: empezar a tomar las decisiones que han sido postergadas.