La puja distributiva gana temperatura en la medida en que la Argentina se acerca a las urnas para elegir a un nuevo gobierno, en medio de un escenario marcado por la devaluación y una inflación que afecta el poder adquisitivo de los salarios e impide proyectar más allá del corto plazo. Los dólares no se reproducen, pero los pesos sí, como lo muestra la ampliación de $ 7,6 billones en el Presupuesto. Y en la medida en que esto ocurre, el tipo de cambio sube y crece la inflación, por lo que recomponer el ingreso es cada vez más difícil. Así, el presente muestra a un país en el que las empresas, provincias y municipios discuten con la Nación la posibilidad de otorgar un bono a los trabajadores para paliar el mayor salto inflacionario post PASO -las consultoras privadas calculan que la evolución del IPC duplicó este mes la registrada en julio-, mientras los empleados claman por una mayor recomposición salarial a través de paritarias y los empleadores alertan por la suba de costos, caída de ventas y menor rentabilidad. Y es en este último grupo donde el peso de las billeteras marca la diferencia, tanto para el sector público como para el privado, a la hora de afrontar durante el próximo bimestre el otorgamiento de $ 30.000 extra a todo empleado que cobre hasta $ 370.000. En la Argentina, hay poco más de 13 millones de trabajadores formales, de los cuales cerca de 3 millones se emplea en los diferentes estamentos estatales. Pero según los datos dados a conocer por el Indec, solo 343.000 dependen de Nación, entre administración pública, entes, empresas y sociedades del Estado. El 90% restante conforma la planta de provincias y municipios con más o menos espalda para afrontar este momento. Algunas de esas provincias, cuentan con la bonanza de los ingresos que otorga por estos días laminería y los hidrocarburos. Otras, cargan con el impacto que representó la sequía en sus cuentas, tal como sucede a nivel nacional. Y muchas dependen históricamente de la asistencia de la Nación, así como los municipios lo hacen de sus administraciones provinciales. Hoy, a menos de dos meses de elegir Presidente, diputados, senadores, legisladores locales y hasta gobernadores, en algunos casos, al menos doce distritos no están dispuestos a sumarse a la iniciativa nacional. Lo mismo que ocurre en el sector privado, particularmente en las pymes, con menos poder de fuego. En el medio, están los bonos ya otorgados, losacuerdos paritarios activos, las cláusulas de ajuste por inflación o la revisión en curso que señalan algunas provincias y sectores empresarios, al responder al reclamo del Gobierno. Pero también, sobre todo, la necesidad de aquel que, más allá de las urnas, piensa cómo llegar a fin de mes.