El presidente Alberto Fernández está por entrar en uno de los terrenos más áridos de la gestión del Estado: una reforma en el pago de las jubilaciones, el rubro que absorbe casi 50% del Presupuesto Nacional.
A lo largo de su campaña electoral, el jefe de Estado repitió en todos los tonos que pudo que el eje de su plan era ocuparse de los que habían quedado postergados por la crisis de 2018 y 2019. Eso implicaba hacer foco en los que quedaron dentro del 40% de pobreza, los beneficiarios de asignaciones sociales y los jubilados. En su lista de prioridades, puso primero el Plan contra el Hambre (cuyas tarjetas empezarán a ser distribuidas progresivamente desde esta misma semana) y luego la posibilidad de entregar un plus para los segundos. Anoche le puso una cifra a esta medida, en paralelo a la decisión que sin duda va a generar un debate arduo e intenso: el cambio de la fórmula por la que se ajustan los haberes.
Fernández anticipó que la ANSeS pagará un bono de $ 5000 en diciembre y en enero a los jubilados que cobren el haber mínimo. El beneficio para los que perciben la AUH será algo menor, de $ 3000. Lo que se pregunta el Ejecutivo es si este esfuerzo no los pone en un compromiso ante el resto de la clase pasiva (que cobró en diciembre el aumento correspondiente al actual criterio de movilidad), a sabiendas de que tiene 180 días para acordar una fórmula que suplante a la que desató una batalla campal frente al Congreso, a fines de 2017.
El Gobierno sabe que gracias a ese cálculo (propuesto por el peronismo como prenda de acuerdo para que se vote el Consenso Fiscal que hoy congelará la Casa Rosada) la mitad del gasto corriente de 2020 tendrá que ajustarse según el porcentaje de inflación anual más alto desde 1991. Todos los economistas estaban de acuerdo en que había que modificar ese sendero, ya que de lo contrario era imposible llegar a un escenario fiscal que haga posible la renegociación de la deuda. Fernández y su equipo también eran conscientes de que si no moderaban de alguna forma esa curva de gasto, no iban a tener resto para poner plata en el bolsillo de jubilados y beneficiarios de planes sociales. La dificultad ahora será establecer un nuevo mecanismo que tenga respaldo legal.
La institución que más ha limado el presupuesto previsional en estos años es la Corte Suprema, ya que con sus fallos determinó los criterios válidos de actualización a los que tuvo que atenerse el Poder Ejecutivo. Macri instauró la Reparación Histórica como forma de resolver este dilema: ofreció pagar el haber actualizado a cambio de anular los juicios. Ahora Alberto debe cuidarse de que la solución a proponer no se convierte en fuente de nuevos problemas. Tiene que ser políticamente correcta para el Congreso, económicamente razonable para sostener la desindexación de precios y salarios, y legalmente consistente para el máximo tribunal. Todo un desafío.