La Argentina tiene más de un riesgo país. El financiero es el más popular porque también es el más mensurable. Se construye sobre la diferencia entre el precio de la deuda estadounidense (considerada la más segura del mundo por los calificadores americanos, desde ya) y la cotización internacional de los bonos soberanos locales de plazo similar. Pero hay otro que no se comprime tan fácil y es el que traduce el nivel de economía informal. Lo reflejan la enorme cantidad de transacciones en negro que se hacen a diario, y también el crecimiento del colchón de dólares, convertido hoy en un blanco de política económica por parte del Gobierno.
El primero se combate con respeto de los contratos y disciplina fiscal. Para un país que arrastra un historial de defaults difícil de asimilar para un inversor institucional, es entendible que todavía el Estado tenga un riesgo más alto que el sector privado e incluso que algún distrito más prolijo y cumplidor, como la Ciudad de Buenos Aires.
El segundo requiere un antídoto más difícil de conseguir, que es la confianza de los propios argentinos. El Gobierno diseñó una ley con la que se propuso sacar de su escondite a los dólares del colchón. Su primera versión fue aprobada a fines de 2025, pero hasta ahora dio resultados modestos. Por esa razón el Ejecutivo aceptó introducirle enmiendas para reforzar sus garantías y hacer más atractivo el régimen simplificado de Ganancias.
Pero para que eso suceda, tiene que conseguir que el sistema tributario deje de ser percibido como un castigo y que la economía vuelva a generar inversiones rentables. Reingresar los u$s 260.000 millones que abultan el colchón no es un paso que depende de una norma de ARCA o de una ley, porque el primer incumplidor de sus reglas fue el propio Estado. Si hay un tercio de la actividad en terreno informal es porque ese costo argentino se transformó en una roca difícil de perforar.