Ya sabemos que hay problemas con las drogas. Un montón de problemas. Muertes por consumo de pastillas adulteradas, tiroteos entre bandas por el control de un territorio, corrupción policial y política, gran cantidad de personas con problemas de adicción, costos enormes en la salud pública.

Problemas que no son nuevos, que no se limitan a la Argentina y que parecen imposibles de resolver porque hace más de 50 años que venimos lidiando con ellos, intentando una y otra vez acabar con el flagelo.

La intención original de las políticas sobre drogas, expresada en la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, era proteger la salud física y moral de la humanidad. Sin embargo, los datos nos indican que hicimos todo lo contrario.

El conocimiento acumulado en las últimas décadas nos revela que prohibir es la mejor manera de generar mercados negros difíciles de controlar, violencia y corrupción, pero es extremadamente poco efectiva para acabar con el consumo problemático de drogas.

Sin embargo, en Argentina invertimos el 95% del presupuesto destinado al problema de las drogas en fuerzas de seguridad y solo un 5% en programas de prevención y tratamiento de las adicciones.

Por otro lado, mientras permitimos la presencia de alcohol en la mesa junto a los niños, así como su venta y promoción mediante publicidades, perseguimos como criminales a los que tienen algunas plantas de marihuana en sus casas para obtener la sustancia que quieren consumir sin apoyar al narcotráfico, sobrecargando así al ya saturado sistema judicial. Una sustancias que por cierto, jamás ha causado una muerte por intoxicación, que produce menos adicción que el alcohol y que tiene menos enfermedades asociadas.

Lamentablemente, el ámbito de las políticas nunca ha sido un espacio donde se tenga en cuenta a la evidencia para la toma de decisiones, por el contrario, siempre imperaron los argumentos ideológicos. Pero en pleno siglo XXI, con tanta información disponible para comparar, medir y saber, nos encontramos frente a una realidad ante la cual tenemos dos opciones: abrazarla y reflexionar sobre nuestras acciones, o ignorarla y continuar por el camino del sufrimiento, de las muertes y la corrupción.

No debería sorprendernos que en los últimos años se hayan hecho múltiples llamados para lograr una reforma en la política de drogas. En la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de abril del 2016 llamada UNGASS 2016, fueron numerosos los organismos internacionales que apoyaron esta dirección, entre los que se encontró la Organización Mundial de la Salud, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre otros. Debemos movernos desde un enfoque punitivo y de seguridad, hacia un enfoque de Salud Pública que contemple los Derechos Humanos. Pero sobre todas las cosas, necesitamos vencer la inercia de las políticas basadas en ideologías y movernos hacia políticas basadas en la evidencia.