En el año 2013 los flujos internacionales de inversión extranjera directa (IED) se incrementaron en un 11%, siendo Latinoamérica receptora del 13% de estos flujos (184.920 millones de dólares).

La IED es vista como una herramienta importante para el desarrollo de un país, toda vez que puede facilitar la transferencia de tecnología, generar ganancias por exportaciones, incrementar la recaudación fiscal, crear empleos y, en definitiva, contribuir al crecimiento económico.

En nuestro país, sin desestimar la importancia de la inversión local, los desafíos en materia de infraestructura y los montos requeridos para el desarrollo de industrias tales como el petróleo o la minería condicionan en gran medida la expansión económica futura a la inyección de capitales del exterior.

Siendo así, se vigoriza la necesidad de diseñar e implementar un plan estratégico integral que contemple los distintos aspectos que deben ser revisados en aras de posibilitar un incremento sustantivo del flujo de inversiones hacia nuestro país.

Dentro de los aspectos que deberían ser cubiertos por el mencionado plan se encuentra, indudablemente, el sistema tributario.El panorama actual dista de ser el ideal dada la existencia de varios factores no valorados positivamente a la hora de invertir, entre otros: derechos de exportación e impuesto al cheque; impuesto sobre los ingresos brutos y otros (que se tributan aún cuando el proyecto produce pérdidas) impuesto sobre los bienes personales para inversores extranjeros (0.5%); no reconocimiento de la inflación; litigiosidad en aumento, especialmente a nivel provincial y municipal.

El desafío es sin dudas mayúsculo, y consiste en implementar una reforma integral que otorgue un trato favorable a las inversiones, sin por ello descuidar el aspecto recaudatorio.

Un buen punto de partida para el análisis estaría dado por atacar cada uno de los factores antes apuntados y que influyen negativamente en las decisiones de inversión. El plan podría tener una implementación progresiva o gradual, entre otras razones dada la todavía elevada participación de los impuestos "distorsivos". Por otro lado, la política fiscal a nivel provincial y local debería estar en línea con la que se diseñe a nivel nacional.

El sacrificio fiscal requerido debiera compensarse con el incremento de la recaudación generado por la mayor actividad económica producto de las nuevas inversiones, la eliminación de ciertas exenciones y el esfuerzo sostenido en la lucha contra la evasión.

Contrario a lo que pueda pensarse, no en todos los casos un aumento de impuestos genera mayores ingresos fiscales: una suba excesiva del impuesto sobre las rentas del trabajo puede desincentivar a las personas a conseguir mejores sueldos, en un mundo globalizado un incremento del impuesto personal o patrimonial puede motivar a las personas a trasladarse a otro país, un aumento del impuesto al consumo puede reducirlo y, además, una presión fiscal excesiva tiende a impulsar el crecimiento de la economía informal.De alguna manera, es el fenómeno descripto por la famosa para los entendidos curva de Laffer (en mérito a quien la popularizara en la década de 1980, el norteamericano Arthur Laffer). Gráficamente, esta curva adopta la forma de una "U" invertida, y representa el hecho que la recaudación se incrementa a medida que aumentan las alícuotas de imposición, pero hasta un punto en el cual comienza a disminuir.

Por esto, sería razonable suponer que una reforma impositiva bien diseñada, acompañada por otras medidas tendientes a fomentar inversiones, debiera redundar en mayor actividad económica y por ende incrementar la recaudación. La apuesta no es menor toda vez que el sacrificio fiscal inicial es tangible y concreto, mientras que la supuesta mejora dependerá de diversas cuestiones, será paulatina y podría llegar a no materializarse. No obstante, muchos casos de éxito en el mundo permiten augurar resultados satisfactorios. Valdría la pena intentarlo.