Luego de un diagnóstico inicial que parecía incompleto a la luz del resultado electoral del último domingo, el Gobierno mostró trazos de una estrategia que, más allá de centrarse en los errores políticos como remarcó esa noche el presidente Javier Milei, alcanza también a la economía a la hora de pensar en mejorar las expectativas del electorado y recalibrar sus chances para los comicios de octubre próximo. La ratificación del programa económico encarado por Luis Caputo, con apoyo explícito del FMI, fue acompañada de movimientos que liberaron la contención forzada del dólar y, probablemente, oxigenen la actividad. El Tesoro se corrió del mercado libre de cambios, lo que permitió al dólar acercarse al techo de la banda cambiaria, donde detuvo su marcha sin la necesidad, por ahora, de que el Banco Central tuviera que salir a vender divisas. Y logró postergar el vencimiento de títulos públicos hasta más allá de las elecciones legislativas a una tasa menor a la que venía pagando, lo que no forzará un nuevo incremento de encajes en los bancos. Además, la propia autoridad monetaria bajó la tasa de referencia a 35%, un dato clave para empezar a descomprimir el financiamiento a una economía que, sin el combustible del crédito, no crece desde abril pasado, según la medición desestacionalizada del Indec. La reactivación económica puede marcar una gran diferencia para un Gobierno que, si bien llegará a las urnas con la menor inflación anual desde julio 2018 -la suba del dólar hasta el momento no se trasladó a precios-, no solo debe aún convencer al votante apático y al desencantado de que el 26 de octubre próximo lo apoye con su voto, sino también reconstruir la estructura de adhesiones políticas que le permitieron llegar hasta este punto de la gestión. La designación de un ministro del Interior que ayude a restablecer las líneas de diálogo con los gobernadores y sectores que le permitieron al Gobierno, por caso, obtener la aprobación de la ley Bases el año pasado, va en esa línea. Pero pasaron 14 meses ya desde que Milei firmó en Tucumán el Pacto de Mayo con los mandatarios provinciales. Desde entonces, la relación se fue deteriorando a tal punto que el oficialismo, a duras penas, pudo sostener uno de los vetos presidenciales a las últimas leyes que planteó la oposición. Este jueves, con el vencimiento del plazo para vetar las leyes que destinan fondos al Hospital Garrahan y la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional -esta noche vetó el financiamiento a universidades-, el deseo de mantener el control del gasto para sostener el superávit fiscal puede entrar en colisión con la necesidad política de recomponer lealtades con los representantes provinciales. Un grupo de gobernadores ya anticipó que se manifestará en contra al día siguiente, si eso sucede. En tiempos de elecciones, todos tienen urgencias y la negociación aún no empieza.