El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para formalizar el Brexit contará con un protocolo específico ad hoc sobre Gibraltar similar al que se alcanzará con la problemática irlandesa. Los primeros anuncios apuntan a que el instrumento no incluiría referencias concretas al contencioso de soberanía del Peñón. Una aclaración que sorprende y permite pensar que Madrid estaría desaprovechando el incentivo extraordinario de contar con un derecho de veto para la salida del Reino Unido de la UE e intentar avanzar en el status de Gibraltar. Justamente el éxito de la diplomacia española había sido lograr que un arreglo bilateral fuera imprescindible tal como quedo consagrado en el 2017 en las directrices del Consejo Europeo. El mensaje reclamaba una actitud constructiva de Madrid y Londres.

Sin embargo, de acuerdo a informaciones de prensa, Londres estaría diluyendo al mínimo sus compromisos y, en cambio, Madrid estaría cediendo más al haber postergado la reclamación histórica. España parece contentarse con incluir en el Protocolo sobre Gibraltar cuestiones prácticas que hacen a los 12.000 españoles que trabajan en el Peñón, la pesca, la aduana y asuntos fiscales, el contrabando de tabaco y una serie de medidas tendientes dinamizar la economía de la zona. El abanico temático parece una nimiedad frente a la oportunidad histórica, quizás única, de intentar redefinir y enmarcar el reclamo de soberanía con el Reino Unido.

Sin perjuicio de reconocer el alcance de la dimensión europea de los intereses españoles, el resultado de la negociación deja la impresión que la reivindicación sobre Gibraltar pasa, en las prioridades diplomáticas de Madrid, a un plano diferente. También pondría de manifiesto las limitaciones de Madrid de resistir las presiones de la UE y los otros socios comunitarios para evitar que las diferencias sobre Gibraltar sea un obstáculo que contamine el acuerdo final del Brexit.

Es desilusionante que los dividendos del Brexit, un proceso casi condenado a provocar un conjunto de sumas negativas, no haya sido fuente de inspiración diplomática para solucionar el larguísimo conflicto de soberanía con España. También que el Reino Unido siga en una actitud de absoluta intransigencia incluso ante la última propuesta de España de co-soberanía de facto que ya suponía un grado de flexibilidad al apartarse de la postura tradicional de reclamación de la plena reintegración del Peñón a España. Un precio que podría considerarse módico para poner fin a un contencioso a través del simbolismo de izar dos banderas y admitir la idea de formar parte de dos Estados.

En este marco la Cancillería española deberá conformarse a futuro con el apoyo de la UE en los planteamientos diplomáticos respecto a Gibraltar en Naciones Unidas ya que, por lo menos con el Brexit, el tema ha dejado de ser una disputa entre dos socios comunitarios y, en teoría, los derechos españoles deberían primar. Esta nueva situación da mayor margen de respaldos potenciales a Madrid en los ámbitos multilaterales.

Sin embargo, el anclaje de ese ejercicio diplomático será uno dilatado en el tiempo como lo será para Madrid volver a poner sobre la mesa de la negociación la noción de la co-soberanía que, con pragmatismo realista, venia impulsando la Cancillería española. Es lamentable que para el Reino Unido, por el momento, siga siendo más importante el corto plazo, con compromisos vagos, que resultados estables y de largo aliento.