La fiesta de Olivos tuvo su segunda parte en los tribunales de San Isidro. La resolución judicial no fue menos obscena que la celebración del cumpleaños de la primera dama en la etapa de la cuarentena más dura.
El juez Lino Mirabelli homologó el acuerdo entre la pareja presidencial y el fiscal Fernando Domínguez. Entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez transferirán $ 3 millones a una institución que hasta ahora podría ser el Malbrán, y a cambio no serán sometidos a juicio. Así como una transacción de las tantas. Si hasta tuvieron que conseguir un préstamo para hacer efectivo el acuerdo y que no se cayera.
Gran parte de la opinión pública hizo saber su disconformidad, su malestar, su bronca por el sabor a poco que dejaba la salida por la que había optado por el Presidente para abandonar un expediente caliente que le urgía dejar atrás.
¿Es ilegal? De ninguna manera. El acuerdo es una de las herramientas que contempla la justicia en este tipo de delitos y así la usaron. ¿Fue espurio? Tampoco. ¿El fiscal y el juez eran los competentes para llevar adelante este expediente? Sí. Entonces, no serían esas las preguntas, porque una vez que los asistentes a la fiesta fueron denunciados, todo se hizo en el marco de la ley.
Ahora, ¿podrían haber hecho otra cosa? ¿El presidente, el juez y el fiscal? ¿O el solo hecho que existiese la herramienta los obligaba a utilizarla? Claramente, no.
Particularmente, el alcance de esta solución pone en la mira al hombre que firmó el decreto que él mismo incumplió y al que millones de argentinos respetaron temerosos y confiados. El que proponía la cuarentena estricta como única herramienta entonces para no morir de coronavirus, ante la falta de vacunas o remedios.
Olivos no era inmune al coronavirus. Sí a las normas. Entonces, ¿podría el presidente Alberto Fernández haber hecho otra cosa para reparar el daño causado a una sociedad entera? Aunque en esa misma pregunta se manifieste vidrioso el límite de la justicia a la hora de juzgar actitudes morales y éticamente cuestionables.
El juez federal de San Isidro insistió en su resolución que las causas que se tramitaron por la violación del artículo 205, aquellos que hayan violado las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia terminaron de la misma manera. Y es cierto, la gran mayoría terminaron así. O en probations que alcanzaron al hincha de Huracán al que encontraron haciendo pintadas en el Globo, a los que se aglomeraron en el Famous Lounge Bar de Palermo en plena pandemia, a la mujer que cruzó puente Pueyrredón escondida en el baúl de un taxi, al psiquiatra que siguió atendiendo.
Libres de cargo con una reparación que no es ni una multa ni una admisión de culpabilidad. Esta es una alternativa para no ir a juicio y, entienden parte de los jueces -entre ellos éste que llevó la causa- permite entre otras cosas no saturar el sistema de justicia y aun así dar una respuesta.
¿Cuál es entonces? ¿Cuál es esa respuesta que dio el Presidente? Es cierto que tiene el mismo derecho que cualquiera de estos otros ciudadanos. Y que las obligaciones morales no entran en el ámbito del juez Mirabelli ni la justicia que el administra.
El sabor a poco se sintió en todos lados. La justicia no es una fábrica que despacha soluciones iguales a conflictos diferentes y no todos los que violaron la cuarentena eran funcionarios públicos. Los únicos a los que les podría caber la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Pero el fiscal no lo exigió en el acuerdo. Y el juez aceptó aplicar una solución que no repara integralmente el daño ocasionado. Otra vez, ¿cuál es la respuesta que dio, o la que la justicia le exigió al presidente Fernández?
Fernández habló en una entrevista de la igualdad ante la ley y que cómo ciudadano tiene los mismos derechos que los demás. Que no es una prorrogativa como presidente. Otra vez. Sí. Es cierto. Usó una de las herramientas que en este marco la justicia pone sobre el mostrador y la tomó. Pero, ¿podría haber hecho otra cosa? ¿Aún pudiendo, tendría que haber hecho otra cosa?¿Someterse a juicio? ¿Presentarse a una declaración indagatoria dejando las puertas abiertas a la posibilidad de una condena?
Y acá entra la esfera de la que nadie quiso hablar estos días. La de la política electoral. La de los proyectos confesos y callados del actual presidente para su futuro. Entrelíneas, es fácil leer que, optando por la reparación, el Presidente no tiene pensado dejar la función pública e irse a su casa -por lo menos no en los próximos años. Simplemente porque una eventual condena hubiese acarreado la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo que resulte la pena impuesta. Así de simple y de complejo.