El trabajo no registrado ha superado el 50% del empleo en la Argentina, por múltiples causales, destacándose como eje central el alto costo laboral con normas anacrónicas, junto a las cargas sociales y los impuestos al trabajo, sumado a las contingencias que surgen de la presión administrativa y judicial al momento de resolver los conflictos individuales y colectivos.
Los organismos recaudadores, impiadosamente buscan que sus obligaciones sean pagadas en tiempo y forma, con uno de los tiempos de mayor presión fiscal, frente a un escenario inflacionario y de creciente volatilidad e imprevisibilidad.
Todos estos costos, irónicamente, hacen inviable los negocios de las pymes, que representan nada menos que el 85% del empleo de todo el país.
Este crecimiento no solo se da en la esfera privada, ya que el Estado Nacional Provincial y Municipal ha seguido adelante con contrataciones en fraude de la legislación, en particular con monotributistas que ocupan el lugar de un agente de la administración pública, supuestamente, en forma temporaria.
A su vez, las nuevas tecnologías vienen aportando cambios exponenciales. Las nuevas formas de generar a través de ellas el trabajo humano se encuentran en un limbo, sin regulación plausible que las pueda estandarizar, como son el caso de Uber, Cadify, Pídalo, Rappi y similares.
Las aplicaciones invaden todas las áreas de la actividad, produciendo el llamado "efecto sustitución", que consiste en reemplazar trabajadores formales por sistemas informáticos que desplazan al usuario o cliente la operatoria que antes realizaban los dependientes de las organizaciones, que siguiendo las indicaciones algorítmicas son los que debe operar la compra, venta, el cobro o el pago de todos los servicios y de infinidad de operaciones virtuales, que otrora eran personalizadas y presenciales.
Así también creció la economía "no registrada" y la economía "en gris" en la que parte se encuentra bajo los cánones legales, y otra, a menudo más importante que la primera, en forma paralela, y con una administración independiente, sin el pago de ninguna de las obligaciones legales.
A su vez, los beneficiarios de los planes sociales, que operan dentro de ese escenario, cobran las sumas asignadas, y a su vez trabajan en la informalidad, a menudo con gran éxito económico.
Basta con poner como ejemplo la industria de la construcción en todas las obras menores, las refacciones y las remodelaciones de viviendas, en todos los rubros, el mantenimiento de casas con los servicios vinculados a la plomería, la electricidad, la pintura, las refacciones, o la jardinería. Otro insólito aporte lo hacen muchas beneficiarias de los planes sociales que están vinculadas al servicio de casas particulares, en donde más de un millón (1.000.000) de trabajadores reciben los planes y trabajan en varios domicilios en forma no registrada.
En la logística también se producen a menudo incontables desmembramientos, con la distribución de la entrega a domicilio de encomiendas, compras y envíos, a través de mecanismos informales como son los fleteros.
En la producción agropecuaria, más de la mitad de las contrataciones no están registradas, y crece en forma desproporcionada en las economías regionales que atomizan la producción en pequeños y medianos productores.
Los talleres, más de seiscientos mil (600.000) en todo el país, suelen registrar a uno o dos trabajadores, los más expuestos, y el resto de la organización está al margen de la ley. Se visualizan en este rubro numerosos emprendimientos exitosos, como las empresas de neumáticos alineación y balanceo, los talleres de servicios al automotor, los servicios de chapa pintura y reparaciones, y en especial, los servicios mecánicos.
La realidad transita un camino bien diverso de lo que marca nuestro sistema legal que ha quedado anquilosado en el tiempo, y demuestra el desacople que experimentaron en los últimos años la gobernanza, que no estuvieron a la altura de las necesidades de los ciudadanos, y en especial, de los cambios operados en la realidad, sobre todo a partir de los últimos diez años, acelerados por la pandemia.
La educación, sembrada por las huelgas de docentes, y sin una adecuada alfabetización informática con salida laboral opera como un lastre de los nuevos horizontes que se presentan como oportunidades reales de futuro.
Hoy, la fuente del derecho que impone los cambios son la innovación tecnológica cotidiana, los nuevos hábitos de los clientes, y las nuevas formas de organizar el trabajo junto a la informática, las comunicaciones y la robótica, y se ha convertido en un imperativo para el próximo gobierno, ya que en este período se omitió la iniciativa, mutilando cualquier alternativa por el proceso inflacionario y por la falta de iniciativas de alto riesgo que exigen un marco razonable de seguridad jurídica.
La reforma laboral por ende, es inexorable y debe ser simultánea y compatible con la de la previsional y de la seguridad social y la impositiva, junto a la educativa, y sobre todo, debe enfrentar el cambio de la tendencia actual de pensar en el pasado, teniendo en cuenta que el futuro es hoy y nos demanda innovaciones esenciales y urgentes.
