La mayoría de las mediciones de pobreza ponen el foco en el ingreso monetario. Parten de un umbral que está asociado a las posibilidades de acceder a una canasta de bienes y servicios, definen cuándo una persona reviste la condición de pobre y qué nivel de ingresos le permite salir de esa condición. Sin embargo, concentrarnos sólo en el ingreso no nos permite ver que existen una serie de condicionantes que contribuyen a configurar el bienestar social de una sociedad: en concreto el efectivo acceso a bienes y servicios. Ser pobre no es sólo tener bajo nivel de ingresos sino que es también no poder acceder a una adecuada infraestructura social. Esto es lo que se denomina el enfoque multidimensional, que parte de identificar una serie de variables o indicadores asociados a distintas necesidades e identifica a los hogares pobres luego de observar si ellos superan o no los umbrales fijados en cada caso.
Sobre la base del ingreso monetario los datos dan cuenta que durante el último año se registró un descenso de 4,3 puntos porcentuales en la tasa de pobreza, lo que significa que ésta se sitúa en niveles más bajos que los registrados en 2015, que fue del 29,7%. Este fue un logro importante porque significó haber atravesado la transición económica sin crisis, para poder sentar las bases de un modelo de desarrollo sustentable.
La deuda que dejó el anterior gobierno fue importante en términos de infraestructura social, en especial para las personas más vulnerables de los grandes conglomerados urbanos del país, donde existe una gran cantidad de hogares que no cuentan con servicios básicos: por caso el 34,1% tiene problemas de conexión al agua corriente, al servicio de red cloacal o a fuentes de energía. En este sentido es importante destacar que este Gobierno realizó en el último año una importante inversión en infraestructura social, como el Plan Nacional de Agua y Cloaca, que beneficia a 8,2 millones de argentinos que, junto con el de Hábitat, buscan mejorar las condiciones de vida de las personas en condiciones de vulnerabilidad.
Argentina se ha propuesto que hacia fines de 2019 el 100% de los argentinos tenga servicio de agua potable de calidad y cloacas al menos el 75%. Esto parte del convencimiento de que la mejora en la infraestructura contribuirá fuertemente a mejorar la calidad de vida y la inclusión social de la población. Según un informe de las Naciones Unidas el consumo de agua potable y el acceso a saneamiento son reconocidos como precondiciones para la salud humana y, por ende, para la consolidación del capital humano de todos.