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Desde el Ministerio de Trabajo de Colombia se revisan dos borradores que, aunque todavía no han sido expedidos, ya generan inquietud en distintos sectores productivos del país. No se trata de una ley ni de un trámite en el Congreso, sino de decretos que podrían modificar reglas sensibles del mercado laboral colombiano.
Empresarios, gremios y abogados laboralistas coinciden en que los cambios propuestos podrían reactivar puntos polémicos de la reforma laboral que no prosperaron en el Legislativo.
Aunque el Gobierno insiste en que busca consensos y que no ha tomado una decisión definitiva, las dudas persisten. Las discusiones se concentran en dos frentes clave: sindicalización y tercerización, conceptos que han marcado el pulso del debate laboral durante los últimos años.
Sindicalización y pactos colectivos: el punto más sensible de la reforma laboral
Según informó Semana, uno de los proyectos de decreto introduce ajustes en las reglas de sindicalización, un tema que fue determinante en el hundimiento de la primera versión de la reforma laboral en 2023. Según expertos, el borrador limita la posibilidad de celebrar acuerdos colectivos con trabajadores no sindicalizados, lo que en la práctica afectaría los llamados pactos colectivos.
Abogados laboralistas advierten que esta restricción podría desconocer decisiones previas de la Corte Constitucional y exceder la potestad reglamentaria del Ejecutivo. El temor es que, por vía administrativa, se impongan obligaciones que el Congreso ya había rechazado, afectando tanto a empleadores como a trabajadores que optan por no afiliarse a un sindicato.
Desde el Ministerio de Trabajo, en cambio, se sostiene que el objetivo es fortalecer la negociación colectiva y reducir prácticas que, según el Gobierno, debilitan la organización sindical. El ministro Antonio Sanguino ha reiterado que los pactos colectivos no han sido prohibidos y que el texto sigue en revisión para recoger observaciones.
Tercerización y empresas temporales: el impacto sobre el empleo formal
El segundo decreto en discusión aborda la tercerización laboral, especialmente el rol de las empresas de servicios temporales. Gremios del sector señalan que el proyecto introduce límites que no existen en la ley, como un tope del 10 % en la contratación de personal temporal, lo que podría afectar sectores con alta estacionalidad.
Representantes de la agroindustria, el comercio, la salud y la logística alertan que estas restricciones dificultarían la operación normal de las empresas y pondrían en riesgo miles de empleos formales. También cuestionan que se prohíba el uso de temporales para actividades misionales, pese a que la legislación vigente lo permite en determinados escenarios.
El Ministerio reconoce que la tercerización es legal, pero argumenta que existen zonas grises donde se usa para evadir responsabilidades laborales. Según Sanguino, el decreto busca aclarar esos límites sin afectar a quienes cumplen la norma, y asegura que el texto final aún no está cerrado.
Mientras tanto, el pulso entre Gobierno y sector productivo continúa. En juego no solo están las reglas de contratación, sino el equilibrio entre formalidad, costos laborales y estabilidad del empleo en Colombia.
