La inscripción del nacimiento constituye uno de los primeros pasos legales tras la llegada de una nueva vida, siendo un trámite esencial para asegurar derechos básicos tales como la identidad, la salud y la educación. Este proceso se efectúa en Colombia ante la Registraduría, lo cual permite la formalización del vínculo entre el menor y sus progenitores. A lo largo de los años, el registro civil de nacimiento ha estado asociado con incertidumbres acerca de los documentos requeridos, especialmente en lo que respecta al estado civil de los padres. En la práctica, muchas personas creían erróneamente que era indispensable demostrar la existencia de un matrimonio o una unión formal para llevar a cabo la inscripción de un hijo. No obstante, el procedimiento actualmente implementado tiene como objetivo simplificar el acceso al registro civil y eliminar las barreras administrativas que podrían demorar la inscripción de los recién nacidos, priorizando así la protección del derecho a la identidad desde los primeros momentos de vida. En Colombia, la normativa vigente establece que la inscripción del nacimiento de un recién nacido no requiere la presentación del certificado de matrimonio ni de prueba formal de unión entre los padres. El procedimiento ante la Registraduría se lleva a cabo basado en la declaración del solicitante y en el principio constitucional de la buena fe, sin necesidad de acreditar documentalmente el vínculo conyugal. Esto implica que, al momento de registrar a un hijo, es suficiente que la persona encargada de la inscripción declare que los padres se encuentran casados o que existe una unión marital de hecho. No se considera legalmente necesario adjuntar el registro civil de matrimonio ni ningún otro documento que evidencie la relación. El mismo proceso es aplicable para los hijos concebidos durante una unión marital de hecho ya declarada, garantizando así la eliminación de demoras y la facilitación en la expedición del registro civil de nacimiento. Durante la inscripción, el funcionario registral debe asignar los apellidos empleando el primer apellido de la madre y el primer apellido del padre. El orden no está preestablecido y debe ser consensuado por decisión conjunta de los padres, luego de recibir orientación en el momento del trámite. La normativa establece que los progenitores tienen la libertad de elegir el orden de los apellidos del menor, sin la imposición de una regla automática que favorezca a uno sobre el otro. En caso de que el declarante declare la existencia de un desacuerdo entre los progenitores respecto al orden de los apellidos, se procederá con un sorteo a cargo del funcionario registral. Para llevar a cabo este procedimiento, los apellidos iniciales de cada progenitor son escritos en papeles distintos, los cuales son colocados en un sobre para ser extraídos aleatoriamente. El apellido extraído se registra en primer lugar y el otro se asigna como segundo apellido del infante. Dicho mecanismo tiene como objetivo asegurar la igualdad entre los progenitores y evitar que la falta de consenso demore un trámite fundamental para el ejercicio de derechos esenciales tales como la identidad, la salud y la educación. Cuando el menor proviene de una comunidad o pueblo indígena, el orden de los apellidos debe adherirse a las costumbres propias de dicha comunidad. En tales situaciones, el funcionario encargando del registro debe considerar los usos y tradiciones vigentes, todo ello en el marco legal que corresponde. De este modo, el registro civil de nacimiento se establece como un procedimiento esencial, sin exigir condiciones adicionales vinculadas al estado civil de los progenitores y priorizando el derecho a la identidad desde los primeros días de vida.