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La Fiscalía General Penal Militar y Policial confirmó la apertura de una indagación preliminar para determinar si en el bombardeo ejecutado el 11 de noviembre en zona rural del Guaviare —operación contra las disidencias de las FARC lideradas por ‘Iván Mordisco’— se incurrió en un posible “uso excesivo” de la fuerza, luego de que se verificara que entre los 20 muertos había siete menores reclutados por ese grupo armado.
¿Por qué la Fiscalía Militar abrió una investigación por el bombardeo en Guaviare?
De acuerdo con la entidad, la revisión se inició para establecer si las acciones de las tropas se ajustaron a los principios legales que rigen el uso de la fuerza durante operaciones en zonas de conflicto. La institución aseguró que el análisis será “estrictamente jurídico y técnico”, con el fin de esclarecer responsabilidades sin interferencias externas.
La Fiscalía Penal Militar recordó que su labor consiste en investigar posibles irregularidades cometidas por miembros de la Fuerza Pública durante el ejercicio de sus funciones, y reiteró que el proceso respetará la presunción de inocencia de los uniformados involucrados.
¿Qué ocurrió durante el operativo contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’?
El bombardeo fue autorizado dentro de una ofensiva simultánea en Guaviare y Arauca contra las estructuras bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, catalogado como uno de los principales jefes de las disidencias que se apartaron del Acuerdo de Paz. En el operativo murieron 20 presuntos integrantes del grupo, entre ellos siete menores de edad reclutados por esa organización ilegal.
El hecho generó una fuerte discusión pública debido al impacto humanitario y a la presencia de menores en el campamento, una práctica que ha sido denunciada por varias entidades del Estado y organismos internacionales.
¿Qué dicen el Gobierno y los organismos de control sobre la presencia de menores?
La Defensoría del Pueblo, Medicina Legal y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos coincidieron en que los menores pertenecían a las filas de las disidencias, lo que configura reclutamiento forzado. Para el Gobierno, ese delito cometido por los grupos armados ilegales es el factor que termina exponiendo a los niños y adolescentes a escenarios de guerra.
El presidente Gustavo Petro, tras confirmarse la muerte de los siete menores, ofreció disculpas a las familias y aseguró que la operación se ejecutó bajo parámetros del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Indicó además que la decisión buscaba proteger a las tropas que operaban en la zona.
¿Qué sigue en el proceso de la Fiscalía Penal Militar?
La indagación pasará por una etapa de recolección de información operativa, declaraciones de los militares que participaron en el procedimiento, análisis de inteligencia y verificación técnica de la ejecución del bombardeo.
Cuando la Fiscalía Militar termine ese examen, deberá decidir si archiva el caso o si abre una investigación formal por presuntas faltas disciplinarias o penales dentro de la jurisdicción castrense.
Con información de EFE.-
