La visa de migrante para residir en los Estados Unidos enfrentará cambios significativos tras una nueva directiva del Gobierno de Donald Trump. La medida instruye a los funcionarios consulares a prestar mayor atención al estado de salud de los solicitantes, especialmente en condiciones que puedan implicar tratamientos prolongados o costos médicos a cargo del Estado.
Según informó ABC News y FF Health News, el Departamento de Estado de los EE.UU. amplió la lista de afecciones que pueden volver a una persona inelegible para obtener residencia permanente. Entre ellas figuran la obesidad, que afecta a más de mil millones de personas en todo el mundo, la diabetes y ciertos trastornos de salud mental.
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El enfoque retoma el criterio de “carga pública”, es decir, la posibilidad de que un inmigrante termine dependiendo de asistencia financiera o médica estatal. Ya no se limita a enfermedades transmisibles, sino a cualquier condición que pueda generar gastos continuos.
Así se analizará el peso en las solicitudes de visa estadounidense
La nueva directriz instruye a los funcionarios de embajadas y consulados a considerar como inelegibles a ciertos solicitantes cuando presenten condiciones médicas que puedan derivar en costos públicos a largo plazo. Entre las afecciones señaladas se destaca la obesidad, asociada a complicaciones como asma, apnea del sueño, hipertensión o diabetes, según indicó la agencia EFE.
Charles Wheeler, abogado principal de Catholic Legal Immigration Network, señaló que la medida aplicará para la mayoría de quienes tramiten visas, especialmente para quienes buscan residencia permanente. La orden no impone un límite de peso o un índice de masa corporal determinado, sino que apunta a evaluar si el estado de salud del solicitante podría requerir tratamientos continuos, medicación de por vida o intervenciones futuras.
¿Cómo se determinará la elegibilidad a partir de ahora?
A la hora de evaluar cada caso, los funcionarios consulares deberán considerar los exámenes médicos oficiales, la historia clínica y la capacidad económica del solicitante para costear su tratamiento a largo plazo. La guía indica evaluar si la persona puede cubrir los costos de su atención “durante toda su vida esperada” sin tener que recurrir a servicios médicos públicos o asistencia financiera estatal.
El documento agrega la pregunta clave: “¿Tiene el solicitante recursos suficientes para cubrir estos costos sin recurrir a asistencia pública en efectivo o institucionalización a largo plazo?”. Asimismo, autoriza a los funcionarios a “desarrollar sus propios criterios” sobre riesgos de futuras emergencias médicas o gastos futuros, algo que expertos consideran preocupante debido a que la mayoría de los agentes consulares no cuentan con formación médica especializada.
El segundo intento de Trump por imponer esta norma
Desde su primera administración (2017-2021), Donald Trump impulsó restricciones migratorias vinculadas a la figura de la carga pública para limitar el acceso a la residencia permanente de personas consideradas de “alto costo” para el Estado. Varias de estas disposiciones fueron revertidas por el gobierno de Joe Biden (2021-2025), pero ahora la Casa Blanca las retoma como parte de su política migratoria actual.
La nueva orden también amplía los criterios para evaluar la edad de los solicitantes y la salud de familiares directos, como hijos o padres mayores, bajo el argumento de anticipar posibles futuras necesidades de asistencia social. Esto podría afectar especialmente a familias multigeneracionales o a solicitantes de edad avanzada.
