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El decreto con el que el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica y social abrió un nuevo frente de debate político y jurídico en Colombia. Aunque el Gobierno ya lo expidió, todavía persisten interrogantes sobre su alcance real y las medidas concretas que se adoptarán en los próximos días.
Mientras los ministerios avanzan en la elaboración de decretos adicionales con fuerza de ley, el anuncio generó reacciones inmediatas en la oposición, que cuestiona la legalidad del mecanismo utilizado. El centro de la discusión no está solo en los impuestos que podrían crearse, sino en la justificación constitucional del estado de excepción.
En ese escenario, la Corte Constitucional se convirtió en el eje de la controversia. Varias acciones judiciales comenzaron a radicarse casi en simultáneo, lo que anticipa un proceso de revisión complejo que definirá el futuro de la emergencia económica decretada por el Ejecutivo.
Emergencia económica de Gustavo Petro: las demandas que llegan a la Corte Constitucional
La primera acción de inconstitucionalidad fue presentada por la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien solicitó tumbar el Decreto 1390 de 2025. Según su argumentación, la emergencia económica no cumpliría los requisitos exigidos por el artículo 215 de la Constitución, que limita este tipo de medidas a hechos extraordinarios e imprevisibles.
Para Cabal, el déficit fiscal y la no aprobación de la Ley de Financiamiento en el Congreso no constituyen una causa sobreviniente. En su tesis, se trata de situaciones previsibles que debieron resolverse por las vías ordinarias del trámite legislativo, sin recurrir a un estado de excepción.
En la misma línea, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, junto con el abogado Germán Calderón España, presentó otra demanda ante la Corte Constitucional. Además de pedir que el decreto sea declarado inexequible, solicitó la suspensión provisional de sus efectos mientras se adelanta el estudio de fondo.
Decreto de emergencia económica y nuevos impuestos: el argumento del Gobierno Petro
Con la declaratoria vigente, el presidente Gustavo Petro quedó habilitado para expedir decretos con fuerza de ley orientados a recaudar 16,3 billones de pesos. El Gobierno explicó que las medidas incluirán impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor capacidad contributiva.
Desde el Ejecutivo se sostiene que la emergencia económica responde a una coyuntura fiscal excepcional, que estaría afectando la garantía de derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales. En el decreto se afirma que la situación golpea de manera directa a la población más vulnerable del país.
El Gobierno también atribuyó parte de la crisis a la no aprobación de dos proyectos de ley de financiamiento, correspondientes a las vigencias fiscales de 2025 y 2026. Ese antecedente, según el texto oficial, agravó el panorama fiscal y obligó a adoptar medidas extraordinarias, ahora bajo la revisión final de la Corte Constitucional.
