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La disputa por los aranceles del 30 % que se cruzaron Colombia y Ecuador dejó de ser un pulso diplomático y pasó a los estrados regionales.

En las últimas horas, el gobierno ecuatoriano presentó tres reclamos formales contra Colombia ante el Tribunal Andino de Justicia, mientras que Bogotá ya había activado una demanda paralela dentro de la Comunidad Andina para que se investigue a Quito por romper las reglas del comercio intrarregional. La pelea ya no es solo política: ahora es jurídica y puede definir el futuro del comercio binacional.

¿Por qué Ecuador llevó a Colombia ante el Tribunal Andino de Justicia?

El gobierno de Daniel Noboa decidió acudir al sistema andino tras considerar que Colombia habría desconocido compromisos adquiridos dentro del marco comunitario. Quito sostiene que varias de las respuestas adoptadas por la administración de Gustavo Petro no solo afectan el comercio bilateral, sino que también vulneran decisiones previas del propio tribunal andino.

Desde la óptica ecuatoriana, los aranceles del 30 % que impuso a los productos colombianos son una reacción frente a la falta de acciones efectivas de Colombia para frenar el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera común. En cambio, considera que las medidas de Bogotá no tienen sustento jurídico dentro del Acuerdo de Cartagena.

Ecuador y Colombia chocan ante el Tribunal Andino por impuestos del 30%.

¿Qué reclama Colombia dentro de la Comunidad Andina contra Ecuador?

Colombia, por su parte, activó un proceso para que la CAN evalúe si Ecuador violó el principio de arancel cero que rige el comercio entre los países miembros. Según el Gobierno colombiano, la tasa del 30 % aplicada por Quito constituye una restricción directa al comercio intrarregional, algo expresamente prohibido por las normas del bloque.

La apuesta de Bogotá es que la Comunidad Andina declare que Ecuador incurrió en una falta y le ordene desmontar los impuestos, lo que abriría la puerta a sanciones o a una corrección forzada de las medidas.

¿Qué son los aranceles del 30 % y por qué detonaron la crisis?

El conflicto arrancó cuando Ecuador anunció un recargo del 30 % a todas las mercancías provenientes de Colombia, bajo el argumento de proteger su seguridad nacional y presionar por una mayor cooperación contra las economías ilegales en la frontera.

Colombia respondió con medidas recíprocas: impuso aranceles a decenas de productos ecuatorianos, reforzó los controles aduaneros y ajustó requisitos técnicos para las importaciones. Además, Bogotá suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, mientras que Quito elevó de manera drástica los costos que cobra a Colombia por el transporte de crudo.

¿Qué productos y sectores están más golpeados por la guerra comercial?

Los más afectados son los exportadores de alimentos, textiles, insumos industriales y combustibles, que dependen del comercio fluido entre ambos países. Empresas colombianas que tradicionalmente venden en Ecuador ahora enfrentan sobrecostos que reducen su competitividad, mientras que importadores ecuatorianos ven encarecidos los bienes que llegan desde el otro lado de la frontera.

En el caso energético, el aumento en las tarifas por el transporte de petróleo y la suspensión de la venta de electricidad elevan los riesgos para ambos mercados, justo en un momento de alta sensibilidad regional por los precios de la energía.

¿Hay espacio para una negociación o el conflicto ya está judicializado?

Aunque las cancillerías de Colombia y Ecuador han sostenido reuniones técnicas en las últimas semanas, Quito dejó claro que no levantará los aranceles mientras no exista un acuerdo formal y firmado. Bogotá, en cambio, apuesta a que los mecanismos de la CAN obliguen a Ecuador a retroceder.

Eso deja el pulso en un escenario complejo: diálogo político por un lado y litigio andino por el otro, con plazos que pueden extenderse varios meses.

¿Qué puede decidir el Tribunal Andino de Justicia y cómo impacta a Colombia?

Si el Tribunal Andino falla a favor de Ecuador, Colombia podría verse obligada a modificar o retirar algunas de sus medidas comerciales. Si el fallo favorece a Bogotá, Quito quedaría presionado a desmontar el arancel del 30 % y a normalizar el flujo de mercancías.

Con información de EFE.-