Fuente: EFE
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En un fallo que marca un fuerte revés para las políticas migratorias de Donald Trump, una jueza federal de Colorado frenó las deportaciones masivas impulsadas bajo la antigua Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La decisión, emitida por la magistrada Charlotte N. Sweeney, obliga al gobierno a realizar ciertos cambios para proteger a los inmigrantes detenidos complicando los esfuerzos de la administración para expulsarlos rápidamente.
El fallo judicial contra las deportaciones masivas de Trump no anula por completo las expulsiones, pero sí impone nuevas garantías legales que protegen a los inmigrantes.
Esta resolución abre una disputa clave sobre la legalidad de invocar leyes históricas en el contexto migratorio actual y sienta un precedente que podría extenderse a otros estados, mientras la CasaBlanca evalúa sus próximos pasos legales.
La estrategia de Trump bajo la Ley de 1798: por qué el fallo de Sweeney la limita
El 14 de marzo de 2025, Donald Trump invocó la Ley de Extranjeros Enemigos, una norma del siglo XVIII destinada originalmente a deportar ciudadanos de países enemigos durante conflictos bélicos. El mandatario argumentó que el grupo criminal venezolano Tren de Aragua representaba una "invasión predatoria" a Estados Unidos, y autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a detener y expulsar sin juicio previo a presuntos miembros de la organización.
Sin embargo, el fallo de la jueza Sweeney cuestionó la aplicación de esta ley en el contexto actual. En su decisión, destacó tres puntos clave:
- Definición de "invasión": según documentos históricos de 1773 y 1828, el término hacía referencia a acciones militares formales, no a fenómenos migratorios ni actividades delictivas.
- Vínculo con un gobierno extranjero: la corte consideró que no se demostró que el Tren de Aragua actuara como un Estado, sino que solo existían conexiones indirectas con el régimen de Nicolás Maduro.
- Deficiencias en las notificaciones: los inmigrantes recibían avisos únicamente en inglés y sin información clara sobre sus derechos para apelar.
Los casos de D.B.U. y R.M.M.: los inmigrantes que impulsaron el fallo contra las deportaciones de Trump
La demanda que dio origen al fallo fue presentada por dos ciudadanos venezolanos detenidos en Colorado: D.B.U. y R.M.M. Ambos alegaron que enfrentaban riesgo de deportación sin debido proceso bajo la proclamación presidencial de Trump que calificaba al Tren de Aragua como una organización terrorista.
- D.B.U.: migrante venezolano arrestado en enero de 2025 en una fiesta donde el ICE sospechó vínculos con la banda, aunque no tenía antecedentes penales.
- R.M.M.: padre de familia que solicitó asilo tras huir de Venezuela debido a amenazas del Tren de Aragua. Fue detenido en marzo bajo sospechas sin pruebas concluyentes.
El tribunal resaltó que etiquetar a estos individuos como "enemigos extranjeros" sin un proceso judicial adecuado contradecía principios fundamentales del debido proceso establecidos por la Corte Suprema.
Qué medidas impone el fallo judicial a las deportaciones masivas y qué puede pasar ahora
La decisión de la jueza Sweeney impone una serie de restricciones al gobierno de Trump para implementar deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros:
- Prohibición de traslados: los detenidos no podrán ser trasladados fuera de Colorado sin permiso judicial.
- Notificación anticipada: las autoridades deberán informar sobre la deportación con al menos 21 días de antelación, en un idioma que el migrante comprenda, y explicar detalladamente su derecho a revisión judicial y acceso a representación legal.
- Audiencia próxima: el 25 de abril se celebrará una audiencia para debatir una posible orden preliminar que podría reforzar aún más las garantías otorgadas a los migrantes.
Aunque el fallo representa un revés importante para los planes de deportaciones exprés de Trump, no detiene completamente las expulsiones bajo otras normativas, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). El futuro inmediato dependerá de la respuesta del Departamento de Justicia, que podría apelar la decisión argumentando que obstaculiza los esfuerzos contra el crimen organizado.
