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La decisión del Gobierno de Gustavo Petro de suspender temporalmente las operaciones militares y policiales contra integrantes de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano abrió un nuevo debate político en Colombia. La medida quedó establecida mediante el Decreto 0603 del 13 de junio de 2026 y coincide con los días previos a la segunda vuelta presidencial.
Aunque el Ejecutivo sostiene que la decisión busca facilitar el traslado de integrantes del grupo armado hacia una zona de ubicación temporal en Putumayo, el momento en que se adopta la medida ha despertado cuestionamientos entre sectores de la oposición y distintos analistas políticos.
El tema genera especial atención porque la suspensión de operaciones se extenderá entre el 14 y el 19 de junio, un período que incluye la recta final de la campaña electoral. Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de los diálogos de paz, sus críticos consideran que la decisión deja interrogantes sobre sus implicaciones políticas.
Gobierno de Gustavo Petro explica la suspensión de operaciones militares
Según explicó Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno en la mesa de diálogos, la medida busca facilitar el desplazamiento de integrantes de la organización armada hacia una zona de ubicación temporal en el municipio de Valle del Guamuéz, en Putumayo.
Novoa insistió en que el proceso no implica la creación de una zona desmilitarizada ni un escenario similar a experiencias pasadas de negociación en Colombia. Además, aseguró que los integrantes del grupo llegarán sin armas ni uniformes y que el armamento será depositado bajo supervisión de los mecanismos de monitoreo y verificación establecidos para el proceso.
El funcionario también rechazó las críticas que sugieren un beneficio electoral para algún sector político. Desde la mesa de negociación sostienen que la decisión responde exclusivamente a los compromisos adquiridos dentro del proceso de paz y no a la coyuntura electoral.
Comandos de Frontera y la incertidumbre por el proceso de paz
Uno de los aspectos que más llama la atención es la participación de los Comandos de Frontera y de la Segunda Marquetalia dentro de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano. La concentración ocurre meses después de que algunos de sus dirigentes expresaran públicamente dudas sobre una eventual entrega de armas.
En octubre de 2025, Walter Mendoza, uno de los principales comandantes de la organización, manifestó que no contemplaban abandonar las armas sin la existencia de un marco jurídico aprobado por el Congreso que ofreciera garantías para un acuerdo definitivo.
Por eso, la movilización de integrantes del grupo armado hacia Putumayo ha generado interpretaciones encontradas. Mientras el Gobierno la presenta como un avance dentro de los diálogos, sectores de oposición consideran que el futuro de estas negociaciones dependerá en gran medida del resultado de las elecciones presidenciales y de la posición que adopte el próximo mandatario frente a la política de paz.
