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Los migrantes que ya viven en Estados Unidos y esperan una respuesta a su solicitud de asilo se han convertido en el nuevo objetivo del plan de deportaciones masivas que prepara la administración de Donald Trump.
La estrategia, revelada por fuentes oficiales y medios especializados, consiste en desestimar los expedientes de quienes cruzaron la frontera de manera irregular y luego pidieron protección internacional.
Con una sola firma, esos trámites quedarían anulados y los solicitantes pasarían a ser "removibles" sin necesidad de acudir a un juez de inmigración.
La medida, avanzada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y supervisada por la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), aprovecharía un resquicio legal: permitir que funcionarios civiles emitan Notificaciones de Comparecencia (NTA) para iniciar expulsiones exprés.
El cambio reduciría la carga de los tribunales -hoy con más de 3,7 millones de casos pendientes- y aceleraría la cuota oficial de 3000 arrestos diarios prometida por el presidente.
Una jugada administrativa para acelerar las deportaciones
El portal Reason confirmó que el Gobierno analiza cerrar unos 250.000 expedientes de asilo para transformarlos en órdenes de expulsión inmediatas.
La información coincide con un memorando interno que instruye a USCIS a reactivar el poder de emitir NTAs, suspendido durante la presidencia de Biden.
La novedad es doble. Primero, porque USCIS llevaba más de una década centrada en trámites civiles -visas, ciudadanía, refugio- y no en tareas de control migratorio. Segundo, porque el DHS pretende aplicar el procedimiento de "remoción expedita" más allá de las zonas fronterizas, algo que los tribunales federales han cuestionado en el pasado.
"Estamos restaurando el sentido común: si alguien ingresa ilegalmente y luego intenta beneficiarse del sistema, no debe recibir más dilaciones", declaró el portavoz de USCIS en un boletín que presume de haber iniciado 26.000 procesos de expulsión adicionales desde febrero de 2025.
Cuántos solicitantes de asilo quedarían en riesgo
El DHS calcula que hasta una cuarta parte de los casos pendientes podrían cerrarse con esta resolución administrativa. Los defensores de migrantes alertan de que la cifra afectará sobre todo a familias centroamericanas que llevan años residiendo, trabajando y pagando impuestos en EE.UU.
Según el Informe Anual de ICE 2024, el organismo ya ejecutó 271.484 deportaciones el año pasado, la cifra más alta desde 2013. Aun así, para expulsar a los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en el país harían falta décadas.
La nueva directriz pretende acelerar ese ritmo sin necesidad de redadas espectaculares: bastará con cancelar el expediente y emitir la orden de salida.
Abogados de inmigración advierten de que la medida chocaría con la Ley de Refugiados de 1980 y vulneraría el principio de no devolución reconocido en tratados internacionales.
Reacción social y posibles frenos judiciales
Una encuesta del Pew Research Center revela que 60% de los estadounidenses desaprueba suspender la mayoría de las solicitudes de asilo, mientras 54% se opone a intensificar las redadas de ICE en centros de trabajo.
Frente al plan, organizaciones civiles ya preparan demandas colectivas para frenar la orden del DHS, alegando violación del debido proceso y alertando de un efecto paralizante: cualquier solicitante que pierda una notificación postal podría quedar automáticamente marcado para deportación sin derecho a audiencia.
Para cientos de miles de migrantes, la espera de años podría convertirse, de la noche a la mañana, en una llamada a abandonar el país.
