El máximo tribunal del país fijó criterios claros sobre el uso de documentos de identidad en procesos judiciales, una definición que suele generar dudas entre los ciudadanos cuando una investigación penal avanza. La cédula de ciudadanía, pieza central de la identificación en Colombia, puede convertirse en un elemento clave dentro de expedientes por delitos que involucran falsedad, suplantación o fraude, lo que habilita decisiones judiciales específicas. En ese marco, existen situaciones en las que el documento deja de estar en poder de su titular y pasa a integrar formalmente una investigación penal, conforme a reglas vigentes desde hace años en el sistema judicial. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la revisión de la cédula procede cuando el documento está directamente vinculado a un proceso penal, ya sea por tratarse de una cédula falsa, alterada o utilizada para cometer un delito. En estos casos, la cédula se considera elemento material probatorio, lo que habilita a fiscales y jueces a ordenarla como parte del expediente. No se trata de una sanción automática ni general, sino de una medida procesal prevista en la legislación penal. La decisión no implica una novedad normativa, sino la aplicación de criterios ya establecidos en el Código de Procedimiento Penal, que regulan la recolección y custodia de pruebas durante una investigación. Entre las conductas que pueden llevar a la incautación de la cédula figuran delitos como la falsedad en documento, la suplantación de identidad y distintos tipos de fraude, cuando el documento sea utilizado como medio para engañar. También puede ocurrir cuando la cédula es presentada como prueba clave para demostrar la comisión del delito, aun si pertenece al propio investigado o a un tercero involucrado en el proceso. Durante el tiempo que dure la investigación, el documento permanece bajo custodia judicial. La eventual devolución o destrucción dependerá del resultado del proceso y de lo que disponga la autoridad competente conforme a la ley. Cuando la cédula es incautada, la persona puede solicitar certificaciones o documentos provisionales para acreditar su identidad, según lo permitan las autoridades administrativas. La retención no implica pérdida de derechos civiles, sino una medida limitada al ámbito judicial, aplicada únicamente mientras la cédula sea necesaria como prueba dentro del proceso penal.