La magistrada Paola Andrea Meneses inició formalmente el 13 de febrero su periodo como presidenta de la Corte Constitucional, junto con la vicepresidenta Natalia Ángel Cabo. Su llegada marca una nueva etapa en el alto tribunal, con un énfasis especial en la defensa de la independencia judicial y la protección de los derechos fundamentales. La designación de ambas magistradas en los cargos más altos del tribunal consolida un liderazgo femenino en la institución, en un momento clave para la Rama Judicial. La presidenta ha señalado que su administración estará guiada por el respeto a la Constitución y por el fortalecimiento del papel de la Corte como garante del Estado Social y Democrático de Derecho. En este contexto, Meneses también abordó los principales retos de su periodo, la relación con el Gobierno nacional y las conmemoraciones de los 34 años de la Corte y los 35 años de la Constitución Política de 1991, considerada la norma suprema del ordenamiento jurídico colombiano. La elección de Paola Andrea Meneses como presidenta y de Natalia Ángel Cabo como vicepresidenta representa un hito en la historia reciente de la Corte Constitucional. La institución ha sido pionera en la participación femenina en la Sala Plena, llegando a contar en años anteriores con mayoría de magistradas frente a magistrados. La presidenta destacó que este liderazgo busca ser un referente tanto dentro del tribunal como en el resto de la Rama Judicial. Según explicó, la meta es impulsar la participación de más mujeres en concursos y cargos de decisión, promoviendo la equidad de género y contribuyendo a superar barreras históricas en el acceso a posiciones de alta responsabilidad en el Estado. Entre las prioridades de su administración, Meneses subrayó la necesidad de fortalecer la protección de los derechos fundamentales, a través de mecanismos como la revisión de tutelas y la acción pública de constitucionalidad. Estos instrumentos permiten a la ciudadanía acudir al alto tribunal para cuestionar normas o decisiones que puedan vulnerar la Constitución. La magistrada también señaló que se mantendrán programas institucionales orientados a acercar la Corte a la ciudadanía, como iniciativas pedagógicas y proyectos en territorio dirigidos a comunidades vulnerables. Con ello, la Corte busca consolidar su papel como garante efectivo de los derechos y como escenario de control constitucional en temas de alta relevancia nacional. En relación con el Ejecutivo, la presidenta afirmó que la Corte respeta las competencias de las demás ramas del poder público, pero defiende con firmeza las funciones que le asigna la Constitución. En ese sentido, explicó que la división de poderes debe entenderse como un sistema de equilibrio con colaboración armónica, siempre bajo el marco constitucional. Durante el periodo anterior se presentaron tensiones tras críticas del presidente Gustavo Petro a decisiones de las altas cortes. Frente a este panorama, Meneses aseguró que cualquier diferencia institucional debe resolverse con base en la Constitución Política, reafirmando la autonomía judicial como pilar esencial de la democracia colombiana.