La irrupción de Javier Milei en la política argentina fue tan vertiginosa como inesperada. Un clima social de profundo descontento, sumado a un discurso provocador, disruptivo y emocionalmente sintonizado con buena parte de la ciudadanía, lo catapultó al poder. Con un gobierno institucionalmente débil, pero políticamente audaz, logró aprovechar su momento y concretar avances significativos: la Ley Bases y el cambio en el sistema de votación son, tal vez, los más emblemáticos, aunque no los únicos.

El sprint inicial fue perdiendo impulso con el correr de los meses, especialmente cuando el país ingresó en “modo electoral”. Sin embargo, el buen desempeño en las urnas le otorgó al oficialismo un respaldo simbólico y real que le permite encarar esta segunda etapa con otra energía. El objetivo presidencial parece claro: ser recordado como un reformador capaz de sentar las bases de un crecimiento sostenido.

Si la palabra clave es reformas, el camino inevitable es el Congreso. Y allí, la generación de consensos se vuelve condición indispensable. Quedará por ver si el gobierno insistirá con la lógica de “ley por ley”, como en los primeros años, o si buscará consolidar una coalición parlamentaria más estable. El rumbo es visible; lo difícil será transitarlo.

Reformas sí, pero ¿qué reformas?

La palabra “reformas” encierra un triángulo simbólico. En uno de sus vértices se ubica la opinión pública: el 90 % de los argentinos coincide en que el país necesita grandes cambios. El statu quo es una mala palabra —lo fue en 2023 y seguirá siéndolo en 2026—, aunque no existe un consenso claro sobre qué significa exactamente “cambiar”. Algunos imaginan privatizar la banca pública o dolarizar; otros, gravar grandes fortunas o reducir el Estado.

En el segundo vértice se encuentran los actores prorreforma: buena parte del empresariado (con matices según el sector), organizaciones del tercer sector y el propio gobierno. Todos comparten un diagnóstico: sin reformas estructurales no habrá crecimiento. Las discusiones laborales, impositivas y previsionales dominarán esta agenda.

El tercer vértice lo ocupa la oposición peronista-kirchnerista, que juega desde la negativa pero aún no logra construir una propuesta alternativa. Statu quo sigue siendo una palabra prohibida, y su dificultad para plantear “qué reformar” limita su capacidad de reacción frente a la ola reformista.

El mayor desafío para el gobierno no será tanto el cómo implementar las reformas, sino el qué proponer. Dos alertas se encienden: promover malas reformas o, casi igual de grave, reformas vacías, inocuas, de impacto imperceptible. Reformas que no reforman pueden convertirse en el talón de Aquiles del oficialismo.

El sistema sigue en crisis

Un “antisistema” que llega al poder en 2023 y necesita del sistema para convertirse en reformador: esa es la paradoja central del mileísmo. La búsqueda de acuerdos parlamentarios y consensos amplios exige virajes narrativos sutiles para no perder identidad ni momentum.

Surgen preguntas inevitables: ¿qué ocurrirá cuando se cierre la ventana de oportunidad del año par y el país vuelva a la lógica electoral? ¿Cómo se reconfigurará el espacio opositor en la etapa pos-Milei? ¿Podrán los representantes tradicionales del sistema ofrecer una respuesta o deberemos mirar, una vez más, “fuera de la caja”?

El desempeño político y económico del gobierno en 2026-2027 moldeará las opciones futuras. Y un dato no menor: la boleta única de papel también juega su papel. Crea incentivos para la participación por fuera de las estructuras territoriales tradicionales, introduciendo un elemento nuevo en la dinámica política argentina.

Una elección de medio término con espíritu de reelección

Durante sus primeros dos años, el gobierno convivió con una anomalía en la opinión pública: en promedio, solo un 30 % de los argentinos sentía que Milei resolvía sus problemas, pero un 40 % creía que resolvía los del país. Esa mirada “desde el dron” le dio legitimidad y tiempo.

La baja de la inflación —por años el principal problema en todas las encuestas— fue un logro clave. Sin embargo, la agenda pública se diversifica: inseguridad, poder adquisitivo, empleo, crecimiento, corrupción y educación se reparten ahora el protagonismo.

El mandato de los próximos dos años será más complejo. El metro cuadrado pesará más que nunca, y lo que llevó a Milei hasta aquí no necesariamente lo llevará de la misma manera hasta 2027.