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En una decisión que podría alterar el futuro de miles de ciudadanos, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que dará prioridad a los casos de desnaturalización de personas que hayan cometido ciertos delitos graves.
La medida, impulsada en el contexto de políticas migratorias más estrictas, genera preocupación legal y social por sus posibles alcances.
¿Qué significa ser desnaturalizado en EE.UU.?
La desnaturalización es el proceso mediante el cual el gobierno revoca la ciudadanía estadounidense adquirida por naturalización. Esto puede dejar a una persona sin estatus legal y con posibilidad de ser deportada, aunque haya vivido décadas en el país como ciudadano.
Según el nuevo memorando interno del DOJ, esta política se aplicará a quienes hayan sido condenados por delitos como:
Terrorismo
Crímenes de guerra
Violaciones de derechos humanos
Asesinatos extrajudiciales
Delitos que representen una "amenaza continua" para la seguridad nacional
El objetivo oficial es "maximizar los procedimientos de desnaturalización" siempre que haya base legal y pruebas suficientes.
¿Quiénes pueden ser afectados por esta medida?
La población naturalizada representa una porción significativa de los residentes en Estados Unidos. Según cifras oficiales:
En 2022, más de 24 millones de inmigrantes eran ciudadanos naturalizados, más del 50% de los inmigrantes totales.
Entre 2014 y 2024, 7.9 millones de personas obtuvieron la ciudadanía por naturalización.
La política apunta principalmente a aquellos con antecedentes penales graves, pero expertos temen una ampliación del criterio que podría incluir casos polémicos o políticamente sensibles.
Críticas y riesgos legales
Diversos académicos y organizaciones han manifestado preocupación constitucional por esta política. La profesora Cassandra Burke Robertson señaló que podría violar la 14ª Enmienda, que protege la ciudadanía como derecho fundamental.
También se alerta sobre su posible uso político, como ocurrió durante el macartismo, cuando se usó la desnaturalización para perseguir presuntos comunistas.
Uno de los casos más comentados fue el del activista pro-Palestina Mahmoud Khalil, cuya deportación se solicitó en 2025 con el argumento de que "socava la lucha contra el antisemitismo".
Aunque el procedimiento cuenta con fundamento legal, lo que genera debate es su aplicación. ¿Debe una persona perder su ciudadanía por un crimen cometido hace décadas? ¿Se podría usar esta herramienta para silenciar disidentes políticos?
Lo cierto es que, con esta nueva orientación del DOJ, millones de ciudadanos naturalizados podrían estar bajo la lupa si sus antecedentes penales o posturas ideológicas resultan controvertidos para el gobierno de turno.