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La política migratoria en Estados Unidos ha dado un giro inesperado, afectando a miles de personas que ingresaron al país de manera legal. La administración de Donald Trump ha tomado una nueva medida que coloca en incertidumbre a quienes buscaban regularizar su estatus.
Recientemente, el Gobierno suspendió las solicitudes de inmigración de ciudadanos de América Latina y Ucrania que habían accedido al país a través de programas especiales.
Según un memorando gubernamental obtenido por CBS News, la orden establece una "pausa administrativa" en la tramitación de beneficios migratorios, lo que frena los procesos de residencia permanente y otros recursos legales. Esta decisión impacta directamente a quienes esperaban obtener su estatus legal mediante solicitudes de asilo, reunificación familiar o leyes de protección migratoria.
El impacto de esta medida es significativo, ya que se suma a la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de venezolanos y a las restricciones impuestas al parole humanitario. De esta manera, muchas personas que veían una oportunidad de establecerse en el país ahora enfrentan un panorama incierto.
La decisión del Gobierno ha generado preocupación entre organizaciones proinmigrantes, que advierten sobre las consecuencias de dejar a miles de personas en un estado de vulnerabilidad legal. Mientras tanto, los afectados deberán esperar nuevas actualizaciones sobre el futuro de sus procesos migratorios.
Nueva medida de Trump: los programas migratorios afectados
En el memorando del 14 de febrero, que salió a la luz pública en la noche del martes, Andrew Davidson, un alto funcionario de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), ordenó la "pausa administrativa" de todas las "solicitudes de beneficios pendientes" en la agencia, que opera bajo el mando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Se trata, aparentemente, de una suspensión temporal e indefinida.
Los tres programas cuyos beneficiarios permanecen afectados son:
- Parole humanitario, que permitió la entrada de 530.000 nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el Gobierno de Biden.
- Programa de reunificación familiar, que beneficiaba a colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, haitianos y cubanos con familiares naturalizados en Estados Unidos.
- Programa Unidos por Ucrania, que ofreció refugio a unos 240.000 ucranianos con patrocinadores estadounidenses.
El fraude migratorio es el argumento que los republicanos han utilizado para justificar la suspensión de estos programas. Según el memorando, la pausa en los procesos migratorios llega porque, en la actualidad, la información sobre el fraude y la seguridad pública no está siendo debidamente señalada en los sistemas de adjudicación de USCIS.
Davidson aseguró que se encontraron miles de solicitudes con "patrocinadores en serie", información de personas fallecidas o direcciones idénticas usadas por un mismo beneficiario. Además, indicó que algunos a quienes se les permitió la entrada al país "no fueron investigados completamente".
Consecuencias de la eliminación de los programas migratorios
El alto funcionario dejó saber que esta detención del proceso podría ser levantada cuando se lleve a cabo una "revisión y evaluación exhaustiva" en el país de los extranjeros que han sido beneficiarios de estos programas.
Aún está por verse qué sucederá con los miles de personas que tienen protección y permiso de trabajo por dos años, y que aspiraban a alcanzar algún tipo de estatus legal. Por ejemplo, los cubanos que después de un año de permanencia en el país pueden beneficiarse de la Ley de Ajuste Cubano para obtener la Green Card.
Desde inicios de este mes, se había especulado que el DHS contemplaba revocar el estatus legal a quienes Biden permitió entrar al país con parole. Estas mismas personas podrían ahora ser sometidas a un "proceso de deportación si no han solicitado u obtenido otro beneficio de inmigración". No obstante, esta nueva medida limita sus opciones para regularizarse, impidiéndoles acceder a la residencia permanente, el asilo o algún otro estatus que les garantice su permanencia en Estados Unidos.
La decisión es una muestra más de que, bajo la administración de Trump, cualquier migrante puede estar en peligro. No es algo inesperado, ya que el parole humanitario -con el que cada mes entraban al país hasta 30.000 extranjeros- ha sido un blanco de los republicanos desde hace meses.
Su eliminación fue una de las primeras medidas tras tomar el control de la Casa Blanca, como ocurrió con la aplicación de CBP One y la cancelación del TPS, bajo el argumento de que era "contrario a las políticas de Estados Unidos".