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En Estados Unidos, trabajar sin autorización migratoria es una de las infracciones más graves que puede cometer un extranjero. Según las disposiciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cualquier persona que no sea ciudadana ni residente permanente necesita contar con un Employment Authorization Document (EAD) para poder acceder a un empleo legal.

Ni visa ni Green Card: el documento obligatorio para trabajar de manera legal en Estados Unidos

El EAD, también conocido como "permiso de trabajo", es el documento oficial que acredita que un inmigrante tiene derecho a trabajar dentro del país por un tiempo determinado. Su ausencia no solo invalida cualquier relación laboral, sino que expone al trabajador a graves consecuencias.

La normativa también es estricta para las empresas. Contratar a sabiendas a una persona sin autorización laboral puede derivar en multas elevadas, sanciones federales e incluso acciones penales si se detecta reincidencia o fraude documental.

De esta manera, este documento se convierte indispensable para quienes poseen visas de carácter temporal, solicitantes de asilo, beneficiarios de programas como TPS, o extranjeros con trámites migratorios en curso. En todos los casos, representa la puerta de entrada al mercado laboral legal, diferenciando a quienes cumplen la normativa de quienes arriesgan todo por trabajar sin autorización.

¿Cuáles son las consecuencias para los que trabajen sin este documento?

Los extranjeros que desempeñen tareas sin este permiso pueden enfrentar los siguientes castigos:

  • Despido inmediato por parte del empleador, obligado por ley a verificar la elegibilidad laboral mediante el Formulario I-9 y, en muchos casos, a través del sistema E-Verify.
  • Multas y sanciones administrativas que varían según el caso.
  • Deportación expedita, un procedimiento acelerado de expulsión que impide al extranjero permanecer en el país.
  • Inadmisibilidad futura, es decir, quedar inhabilitado para solicitar visas o la residencia permanente por haber incumplido las normas migratorias.